En los conflictos relacionados con proyectos de infraestructura y construcción, el dictamen pericial suele ser una de las pruebas con mayor peso. De él pueden depender decisiones sobre responsabilidades, la cuantificación de daños o la determinación de las causas de una situación particular; sin embargo, no todos los dictámenes generan el mismo nivel de confianza, y muchas veces la diferencia está en errores que pudieron evitarse desde el principio.
Uno de los errores más comunes aparecen incluso antes de iniciar el análisis pericial, al no definir con claridad el alcance de la pericia. Cuando no está bien establecido qué se debe evaluar y hasta dónde llega el encargo del perito, es fácil terminar abordando temas que no corresponden o, por el contrario, dejar por fuera aspectos esenciales para resolver el conflicto. Ese tipo de vacíos suele abrir la puerta a cuestionamientos sobre las conclusiones.
La evidencia documental también marca la diferencia. No es raro encontrar fotografías sin fecha o ubicación, planos desactualizados, registros incompletos o la ausencia de ensayos o pruebas técnicas que ayuden a respaldar el análisis. En ingeniería, no basta con afirmar que algo ocurrió; cada conclusión debe apoyarse en información que pueda verificarse y seguirse paso a paso.
Algo parecido ocurre con los cálculos. Hay informes que presentan resultados finales, pero no muestran las hipótesis de partida, las expresiones utilizadas o las normas técnicas que sirvieron de base. Si otra persona con la misma experiencia no puede entender o reproducir el procedimiento, la solidez del dictamen empieza a debilitarse.
Las normas técnicas también merecen especial cuidado. Aplicar una versión derogada, interpretar un requisito de forma aislada o utilizar un estándar que no corresponde al caso puede cambiar por completo el sentido de un análisis. Por eso es indispensable verificar cuáles eran las disposiciones vigentes cuando ocurrieron los hechos y cómo aplican a la situación específica.
Otro aspecto que suele ponerse a prueba es la imparcialidad. Un dictamen no está para defender la posición de quien contrató al perito, sino para aportar conocimiento técnico que permita esclarecer los hechos. Cuando el dictamen transmite la sensación de haber sido elaborado para respaldar una postura determinada, su credibilidad puede verse afectada, incluso si parte de sus argumentos son técnicamente correctos.
También conviene separar con claridad lo que realmente se comprobó de aquello que se infiere a partir de la evidencia. No es lo mismo un hecho observado durante una inspección que una hipótesis construida con base en los datos disponibles. Hacer esa distinción ayuda a que jueces, árbitros, aseguradoras y demás interesados valoren el alcance real de cada conclusión.
Reducir estos riesgos no depende de una única acción. Generalmente es el resultado de trabajar con una metodología clara, definir bien el alcance desde el inicio, documentar la evidencia de forma ordenada, revisar los cálculos, confirmar la normativa aplicable y someter el informe a una revisión técnica antes de entregarlo.
Al final, un buen dictamen pericial vale no solo por lo que concluye, sino por la forma en que se llega a esas conclusiones. La metodología, la trazabilidad de la información y la imparcialidad del análisis son los elementos que le dan verdadero valor como medio de prueba.
