El terremoto ocurrido en Colombia el pasado 10 de agosto no solo dejó daños mate riales y miles de reclamaciones ante las aseguradoras, también puso de manifiesto una realidad estructural: la limitada protección financiera de hogares y empresas frente a eventos catastróficos. Dos semanas después del sismo, las aseguradoras habían recibido 36.415 reclamaciones por un valor estimado cercano a $1,2 billones1, reflejando la magnitud económica de las pérdidas que puede generar un desastre natural y la importancia de contar con mecanismos de protección patrimonial. El aseguramiento de inmuebles en la región afectada merece una atención especial. Según Fasecolda2, en los cinco departamentos más afectados por el terremoto existían 485.415 inmuebles asegurados contra terremoto, entre viviendas, copropiedades, empresas e inmuebles públicos, con un valor asegurado superior a $426 billones. A nivel nacional, con corte a marzo de 2026, se contabilizaban 2,68 millones de inmuebles asegurados frente a este riesgo, de los cuales cerca de 1,65 millones correspondían a viviendas.
No obstante, estas cifras también evidencian importantes brechas de protección. Según Fasecolda2, apenas el 9,3% de las viviendas del país cuenta con algún tipo de seguro de hogar. Incluso en los departamentos más afectados por el sismo se observan diferencias significativas en los niveles de aseguramiento3: mientras en Quindío cerca del 18% de las viviendas cuentan con cobertura, en Risaralda la cifra es del 13%, en Valle del Cauca del 12% y en Caldas apenas del 8%. Esto significa que la mayoría de los hogares están expuestos financieramente frente a pérdidas derivadas de eventos de gran magnitud.
Más allá de los daños observados en las zonas afectadas, el terremoto también invita a reflexionar sobre el estado general del mercado asegurador colombiano. Según el Reporte de Inclusión Financiera (RIF) 2025, la penetración del seguro, medida como las primas emitidas sobre el PIB, se mantuvo en 3,3%, nivel inferior al promedio observado en las economías de la OCDE, donde este indicador alcanzó 6,2% en 2024 (Gráfico 1).
Sin embargo, otros indicadores muestran avances importantes. La densidad del seguro, entendida como el gasto promedio por habitante en seguros, aumentó de $1,06 millones a $1,15 millones por persona, mientras que el número de riesgos asegurados creció 12,1% y los registros de asegurados aumentaron 14,0% frente al año anterior.
Un aspecto destacable es el desarrollo de los seguros masivos y los microseguros, en conjunto, estos productos representaron el 31,3% de las primas emitidas del sector asegurador en 2025, facilitando el acceso a mecanismos de protección financiera para hogares y pequeños negocios que tradicionalmente enfrentaban mayores barreras de acceso.
Más que un evento aislado, el terremoto evidenció una vulnerabilidad estructural. La baja cobertura de vivienda fren te a riesgos catastróficos, y la menor penetración del seguro colombiano frente a otras economías. A pesar de los avances en inclusión financiera y aseguradora, ambos factores muestran que una parte importante de los hogares y empresas sigue expuesta a pérdidas patrimoniales significativas. Fortalecer el acceso a seguros, en especial los orientados a proteger vivienda y activos productivos, es un componente clave de la resiliencia económica del país
Fuente:
- Comentario Económico ANIF, Agosto 27 de 2026
