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¿Qué son los intereses moratorios civiles y comerciales?

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Los “intereses por mora” constituyen la “indemnización de perjuicios” por la morosidad en el pago de obligaciones dinerarias de carácter civil o comercial.

Los “intereses por mora” constituyen la “indemnización de perjuicios” por la morosidad en el pago de obligaciones dinerarias, de conformidad con lo expuesto en el artículo 1617 del Código Civil; el Estatuto Mercantil a su vez, obliga al pago de intereses por mora a partir de esta, de conformidad con el artículo 883 y 884.

 

La tasa de mora será la pactada, pero a falta de esta, deberá aplicarse la tasa de interés legal moratorio según el negocio jurídico, sea este civil o comercial, o de conformidad con las normas especiales que para ciertas obligaciones determine la ley.

 

Los intereses moratorios deben analizarse como mínimo desde tres aristas: i) desde lo civil, ii) desde lo comercial, y iii) desde las normas especiales; pues tienen diferentes tasas aplicables según las regulaciones y resoluciones vigentes al momento de causarse el interés de mora.

 

La noción de intereses por mora como indemnización de perjuicios en los diferentes negocios jurídicos, sean civiles, mercantiles o de otra índole, es la misma, lo que cambia es la tasa aplicable y lo que esta contiene y representa.

 

Desde la doctrina, el autor Fernando Hinestrosa, en su texto Tratado de las Obligaciones se ha dicho que los “dommages-interets moratoires” (intereses moratorios), son aquellos:

 

“Que cumplan la función de resarcimiento tarifado o indemnización de los perjuicios que se presume padece el acreedor por no tener consigo el dinero en la oportunidad debida, presunción iuris et de iure de la producción de un quebranto por la sola mora del deudor, lo que no obsta para que el acreedor pueda optar por la pretensión de resarcimiento ordinario, caso en el cual tendrá que probar el monto del perjuicio sufrido. Se considera que el dinero es un bien productivo, sus frutos son los intereses. Y por esa razón, cuando el acreedor no entra en posesión del dinero a él debido, se reconoce el perjuicio que injustamente está recibiendo con la mora del deudor; perjuicio que no será menor del interés legal, dispensado de prueba, pero que puede ser superior, caso en el cual han de probarse su realidad y su cuantía”.

 

Desde el plano de la jurisprudencia constitucional, con acento en la doctrina internacional privada, la Corte en Sentencia C-604 del año 2012 ha expuesto respecto de los intereses moratorios que:

 

“(…) son aquellos que se pagan para el resarcimiento tarifado o indemnización de los perjuicios que padece el acreedor por no tener consigo el dinero en la oportunidad debida. La mora genera que se hagan correr en contra del deudor los daños y perjuicios llamados moratorios que representan el perjuicio causado al acreedor por el retraso en la ejecución de la obligación. Sobre este aspecto afirman Planiol y Ripert:

 

“Los daños y perjuicios moratorios tienen como carácter esencial, (sic) se acumulables necesariamente con el cumplimiento efectivo de la obligación, puesto que representan el perjuicio resultante del retraso, perjuicio que no se repara por el ulterior cumplimiento de la obligación.” 

 

Por su parte, la doctrina oficial del órgano de control y vigilancia estatal colombiano del sistema financiero (Superintendencia Financiera, Concepto 2006000164-001 del 15 de febrero de 2006), sobre los intereses moratorios expresa:

 

Ahora bien, los intereses atendiendo a su oportunidad o momento del crédito se clasifican en remuneratorios y moratorios. (…).

 

(…) los intereses de mora “(…) son los que debe pagar el deudor como indemnización por el atraso en que ha incurrido (…) Es una forma de reparar el daño sufrido por el acreedor ante el incumplimiento tardío del deudor o su incumplimiento (…)”. Es así como el interés moratorio corresponde a aquellas sumas que se deben pagar a título de indemnización de perjuicios desde el momento en que se constituye en mora el deudor, es decir, desde el incumplimiento de la obligación principal”.

 

Bajo la doctrina propia de las matemáticas financieras (Matemáticas Financieras Aplicadas, autor: Jhonny de Jesús Meza Orozco), se ha entendido la causación de intereses por mora:

 

“Cuando una deuda no se paga en la fecha de vencimiento, comienza a ganar intereses llamados intereses de mora, los cuales se calculan con base en el capital prestado o sobre el saldo insoluto por el tiempo que demora el pago.

(…)” .

 

Los intereses por mora siendo una indemnización de perjuicios tienen diferentes tasas dependiendo del negocio jurídico del que se trate, así podrán existir intereses moratorios civiles, intereses moratorios comerciales o intereses moratorios derivados de normas especiales, según la obligación u operación económica.

 

Intereses moratorios civiles.

Los intereses moratorios civiles, encuentran su fundamento legal en el artículo 1617 del Código Civil colombiano, y sobre ellos expresa la norma:

 

“INDEMNIZACION POR MORA EN OBLIGACIONES DE DINERO. Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes:

 

1a.) Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior al legal, o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos casos.

El interés legal se fija en seis por ciento anual.

 

2a.) El acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra intereses; basta el hecho del retardo.

 

3a.) Los intereses atrasados no producen interés.

 

4a.) La regla anterior se aplica a toda especie de rentas, cánones y pensiones periódicas”.

 

La norma citada reviste ciertas dificultades hermenéuticas que han sido dilucidadas por la jurisprudencia. La Corte Constitucional Sentencia C-604 del año 2012 ha interpretado esta norma:

 

 “(…) Cuando se trata de, iv) intereses moratorios, en el Código Civil, se dispone que en ausencia de estipulación contractual sobre intereses moratorios, se siguen debiendo los intereses convencionales si fueron pactados a un interés superior al legal, o en ausencia de tal supuesto empieza a deberse el interés legal del 6%; sin perjuicio de los eventos legales en que se autoriza la causación de intereses corrientes (art. 1617)” .

 

Si dado el caso, en que las partes no hayan definido una tasa de interés de manera convencional, sea corriente o moratorio, deberán regirse por la tasa del 6 % anual de qué trata el Código Civil; tal como lo indica el artículo 2232, al disponer:

 

“PRESUNCIÓN DE INTERESES LEGALES. Si en la convención se estipulan intereses sin expresarse la cuota, se entenderán fijados los intereses legales.

El interés legal se fija en un seis por ciento anual”.

 

Sobre el carácter supletivo de esta norma, la Corte Constitucional Sentencia C-364 del año 2000, ha expuesto:

 

“Ahora bien, es importante anotar que el inciso acusado del artículo 2232, es una norma supletiva, que no tiene sentido ni aplicación sino bajo el supuesto de que las partes no hayan pactado el monto de los intereses convenidos. Por ende, es una disposición que reconoce que si se estipulan intereses entre las partes, y no se determina cual es el valor de los mismos, se entenderán fijados los intereses legales civiles, que son del 6% anual.

 

En ese orden de ideas, y atendiendo lo señalado en la sentencia C-367 de 1995, una disposición como la anterior no puede ser entendida desde una óptica restrictiva, como una camisa de fuerza para los asociados, – tal y como pretende hacerla ver el demandante -, sino como una norma que entra a operar sólo en el evento de que las partes omitan un aspecto fundamental en el alcance de sus obligaciones como es el monto de los intereses pactados. Por ende, la autonomía de la voluntad privada en este punto es esencial, teniendo en cuenta que permite que los particulares sometan los efectos de sus actos jurídicos a las cláusulas emanadas del mutuo acuerdo entre ellos, siempre que no contraríen disposiciones imperativas de la ley, es decir, normas de orden público. En este caso, los particulares sometidos a la legislación civil, pueden fijar libremente la tasa que estimen conveniente en materia de intereses dentro de su convención, con los límites así mismos señalados en la ley, y en atención a su autonomía contractual.  Sólo cuando la estipulación de la tasa no sea determinada, entra a operar el artículo 2232 en mención, precisamente porque le corresponde al legislador, precaver los conflictos que se puedan presentar entre los asociados, disponiendo con antelación y por vía general y supletoria una forma de solucionarlos, con el fin de asegurar a los asociados la necesaria certidumbre sobre el los derechos que rige sus relaciones”.

 

Así las cosas, en el campo civil, los intereses moratorios están sujetos a las siguientes reglas:

 

  1. Los intereses moratorios, y la tasa de los mismos, pueden ser fijados mediante convención privada por las partes contratantes. La ley civil, respetando la autonomía de la voluntad privada, deja que las partes sean quienes establezcan los mismos.

 

  1. Si los intereses moratorios son fijados mediante la convención privada, pero con ellos, no se establece la tasa, tal tarifa es la correspondiente a los intereses contractuales corrientes. La tasa de los intereses moratorios, será entonces la convencional fijada para los intereses corrientes o de plazo.

 

iii. Cuando la tasa fijada para intereses corrientes y de plazo sea inferior al interés legal civil y no se haya pactado la tasa de mora, está será en todo caso del 6% anual o aquella que en su momento fije la ley civil como legal.

 

  1. Pero si en la convención se determinó que las partes se obligan al pago del interés moratorio, no se establece la alícuota del mismo y tampoco se fijó el interés corriente y su tasa, el interés moratorio tendrá la tasa legal, que será del 6% anual, o aquella que en su momento fije la ley civil como legal.

 

Es importante resaltar que si bien la tasa del interés moratorio en materia civil pueden ser convencional, tiene un límite, que no es la tasa de interés comercial (IBC), sino, la tasa máxima permitida por la ley o de usura (1.5 IBC); sobre ello, la Corte Constitucional Sentencia C-364 del año 2000, ha dicho:

 

“En consecuencia, la previsión fijada por el legislador mediante el artículo 2232 inciso primero, no es en modo alguno inconstitucional como lo ponen de presente las sentencias en mención, precisamente porque al ser una norma supletiva, consagra  una previsión razonable del legislador en lo concerniente a la necesidad de determinación de los derechos de los contratantes en caso de silencio de las partes, y no constituye  tampoco una camisa de fuerza para los asociados, quienes en aras de la autonomía de la voluntad pueden sustraerse de la aplicación de dicho artículo en la medida que estipulen los intereses y fijen el monto de los mismos como deseen, teniendo como único límite, el consagrado como legal de usura”. (

 

 Intereses moratorios comerciales.

Los intereses moratorios comerciales constituyen la indemnización de perjuicios respecto de la obligación mercantil en mora. La tasa de interés de mora puede ser pactada en la convención o contrato, pero de no ser expresa la voluntad de las partes, la legislación comercial de manera supletoria indica la tasa aplicable, que corresponde a una y media veces el interés bancario corriente certificado por medio de resolución expedida por la superintendencia financiera, para el trimestre respectivo de los créditos de consumo y ordinario.

 

El Estatuto Mercantil, establece los intereses moratorios comerciales, indicando la rata o tasa aplicable, el artículo 884, prescribe:

 

“Cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el bancario corriente; si las partes no han estipulado el interés moratorio, será equivalente a una y media veces del bancario corriente y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990.

Se probará el interés bancario corriente con certificado expedido por la Superintendencia Bancaria”.

 

Los intereses moratorios comerciales, penden del interés bancario corriente, a diferencia de los intereses moratorios legales; pues, los intereses bancarios corrientes certificados varían cada trimestre de acuerdo al mercado.

 

La tasa de interés moratorio tiene un límite máximo estipulado en la ley mercantil y las normas especiales del derecho financiero, rango máximo que se determinó en una y media veces el IBC; la tasa máxima de mora se representaría matemáticamente, así: TMM = IBC * 1,5.

 

Al igual que en el ámbito civil, los intereses moratorios pueden ser convencionales o legales, siempre se aplicarán de manera excluyente frente a los intereses legales, los intereses moratorios pactados contractualmente.

 

De no existir pacto expreso sobre el interés moratorio y/o su tasa se aplicará la fórmula establecida por el artículo 884 del C. Co., en cuyo caso la tasa será de una y media veces el interés bancario corriente.

 

En la legislación comercial, sino se pactan los intereses moratorios, la ley mercantil suple inmediatamente tal evento, y otorga la rata o tasa por la cual se cobrará tal interés (1.5 IBC).

 

En los intereses moratorios comerciales, el acuerdo de las partes en la convención respecto de la tasa, tiene límite, que se encuentra ubicado en aquel porcentaje que sobrepase una y media veces (1.5) el interés bancario corriente (IBC), siendo este el techo o máximo a partir del cual la tasa sería de usura, con los efectos civiles – comerciales y/o penales establecidos en la ley; respecto de los efectos mercantiles el aparte final del primer inciso del artículo 884 del C. Co., expresa: “(…) en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses”, sanción que castiga el cobro de intereses por encima de 1.5 IBC.

 

Los intereses moratorios son objeto de cálculo en la prueba pericial, cuando lo que se pretende establecer es la mora en los pagos de obligaciones dinerarias u otros actos de carácter civil o comercial; informe pericial que además debe contener los requisitos establecidos en el artículo 226 del Código General del Proceso, los cuales son:

 

“El dictamen suscrito por el perito deberá contener, como mínimo, las siguientes declaraciones e informaciones:

  1. La identidad de quien rinde el dictamen y de quien participó en su elaboración.
  2. La dirección, el número de teléfono, número de identificación y los demás datos que faciliten la localización del perito.
  3. La profesión, oficio, arte o actividad especial ejercida por quien rinde el dictamen y de quien participó en su elaboración. Deberán anexarse los documentos idóneos que lo habilitan para su ejercicio, los títulos académicos y los documentos que certifiquen la respectiva experiencia profesional, técnica o artística.
  4. La lista de publicaciones, relacionadas con la materia del peritaje, que el perito haya realizado en los últimos diez (10) años, si las tuviere.
  5. La lista de casos en los que haya sido designado como perito o en los que haya participado en la elaboración de un dictamen pericial en los últimos cuatro (4) años. Dicha lista deberá incluir el juzgado o despacho en donde se presentó, el nombre de las partes, de los apoderados de las partes y la materia sobre la cual versó el dictamen.
  6. Si ha sido designado en procesos anteriores o en curso por la misma parte o por el mismo apoderado de la parte, indicando el objeto del dictamen.
  7. Si se encuentra incurso en las causales contenidas en el artículo 50, en lo pertinente.
  8. Declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto de los que ha utilizado en peritajes rendidos en anteriores procesos que versen sobre las mismas materias. En caso de que sea diferente, deberá explicar la justificación de la variación.
  9. Declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto de aquellos que utiliza en el ejercicio regular de su profesión u oficio. En caso de que sea diferente, deberá explicar la justificación de la variación.
  10. Relacionar y adjuntar los documentos e información utilizados para la elaboración del dictamen.”

 

Fuente:

Tratado de los Dictámenes Periciales, Instituciones jurídicas, Económicas, Financieras, Contables y Tributarias. Aplicable al procedimiento Administrativo, Penal, Arbitral y general”, César Mauricio Ochoa Pérez. (Libro Naranja)

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