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Pérdida de los derechos labores adquiridos en Colombia

OCH Blog Perdida de los derechos labores adquiridos en Colombia

Este contenido es producido por OCH Group, Independent Member de GGI en Colombia.

Infórmese del recorrido jurisprudencial y reglamentario que ha venido surgiendo en Colombia para desarrollar los principios de progresividad y no regresividad en materia de derechos laborales, los cuales velan por mantener los derechos laborales ya adquiridos intactos, incluso ante las tres ramas del poder del Estado.

Autor: Susana Correa Acebedo- Semi Senior Legal Services Lawyer – Email: [email protected]

 

Definición del principio de progresividad y su complemento con la no regresividad

El principio de progresividad surge del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) y adicional de la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde los estados parte se comprometieron a adoptar medidas y a lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura. Es importante anotar que dentro de las normas aquí mencionadas se habla de una serie de derechos laborales ya también interiorizados en nuestra legislación, y que Colombia hace parte del PIDESC desde el año 1969.

Dicho principio no se encuentra previsto de manera literal  en la Ley laboral, sino que es una derivación del principio de irrenunciabilidad, y de las reglas de la norma más favorable y la condición más beneficiosa.

 

En general, con este principio se pretende mejorar las condiciones de vida del hombre, las condiciones laborales, de empleabilidad y las condiciones salariales. Sin que puedan limitarse aquellos derechos ya reconocidos.,

Teniendo en cuenta lo aquí ya manifestado, y la obligación expresa regulada por los instrumentos internacionales antes descritos, se puede evaluar el principio de progresividad desde una doble perspectiva. Una en la que se ve la obligación de legislar los derechos laborales a través del avance gradual para poder llegar a reconocer la totalidad de los derechos económicos, sociales y culturales, y otra en la que se prohíbe el retorno de lo ya reconocido y tutelado dentro de nuestras legislaciones en las materias.

 

Panorama Colombiano

En Colombia ha habido un desarrollo jurisprudencial por parte de la corte constitucional a lo largo de los años quien en su Sentencia C-228/11 manifiesta lo siguiente:

“PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD EN DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES-Alcance/PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD EN SEGURIDAD SOCIAL/DERECHOS SOCIALES-Alcance del mandato de progresividad

 

El principio de progresividad y la prohibición de regresividad representa un componente esencial de la garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y dentro de ellos los derechos de seguridad social. La exigibilidad judicial de la protección de un derecho social debe ser complementada con la posibilidad de conformar contenidos o estándares mínimos constituidos por prestaciones concretas, cuya garantía se pueda posicionar de manera general como un punto sobre el cual avanzar, y de no retorno en cuanto al carácter incuestionable de su satisfacción. El mandato de progresividad implica que, una vez alcanzado un determinado nivel de protección, la amplia libertad de configuración del legislador en materia de derechos sociales se ve menguada, al menos en un aspecto: todo retroceso frente al nivel de protección alcanzado debe presumirse en principio inconstitucional, y por ello está sometido a un control judicial estricto. Para que pueda ser constitucional, las autoridades tienen que demostrar que existen imperiosas razones que hacen necesario ese paso regresivo en el desarrollo de un derecho social prestacional.”

 

Del mismo modo, se destaca la mención que hace la sentencia C-443 de 2009 del principio a la luz de lo consagrado en el Pacto Internacional, así:

 

El mandato de progresividad tiene dos contenidos complementarios, por un lado el reconocimiento de que la satisfacción plena de los derechos establecidos en el pacto supone una cierta gradualidad; y por otra, también implica un sentido de progreso, consistente en la obligación estatal de mejorar las condiciones de goce y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales.

 

[…] Lo cual no sólo es aplicable respecto a la actividad del Legislador sino también respecto a la actuación de la Administración en el diseño y ejecución de políticas públicas en materia de derechos económicos sociales y culturales al igual que cualquier rama de los poderes públicos con competencias en la materia.

 

Adicional a la jurisprudencia transcrita, existe sentencia de unificación adoptada también por el órgano de cierre constitucional en la que se definió de manera clara y certera lo relacionado con el principio de progresividad, sentencia cuya radicación es la SU 225-1997 en la que se expresó:

 

La progresividad de los derechos sociales hace referencia al reconocimiento de prestaciones mayores y superiores de cada uno de estos derechos e implica que una vez alcanzado un determinado nivel de protección no se puede retroceder frente al nivel de protección al que se ha llegado o conseguido. Igualmente se ha acogido dentro de la jurisprudencia de la Corte la interpretación del principio de no regresividad que han dado los organismos internacionales en el sentido de que el mandato de progresividad de los DESC no excusa al Estado del cumplimiento del deber de que con el máximo de los recursos disponibles se provea por la cobertura universal de los contenidos de estos derechos.

Adicionalmente, en cuanto a legislación propiamente dicha la constitución política trae una obligación de no regresividad en sus artículos 48 y 53, los cuales traen un mandato al legislador de ir progresando en la cobertura de los derechos y no disminuir, los mismos rezan lo siguiente:

 

“ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.

 

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna.

 

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.

 

De esta manera entonces se observa cómo desde la misma constitución en Colombia está prohibido la perdida de derechos laborales ya adquiridos por alteración, ya sea de la ley, pactos colectivos, convenciones colectivas, contrato de trabajo, entre otros.

 

Fuente:

Artículo 53 de la constitución política de Colombia.
Sentencia C-228/11
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC)
Convención Americana de Derechos Humanos

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