ogotá, D.C.,
REFERENCIA:
No. del Radicado 1-2022-026357
Fecha de Radicado 06 de septiembre de 2022
Nº de Radicación CTCP 2022-0451
Tema Juegos de suerte y azar alcance conceptos anteriores
CONSULTA (TEXTUAL)
Reconsideración de conceptos 2018-0164 y 2022-0363.
“La solicitud aparte de reconsiderar la conclusión alcanzada en los anteriores conceptos, se solicita
aclarar si siempre se presentará, a juicio del CTCP, en el estado de resultados, o si cuando el premio se
entrega que sucede”.
CONSIDERACIONES Y CONCEPTO
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) en su carácter de Organismo Orientador técnicocientífico de la profesión y Normalizador de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de
Aseguramiento de la Información, conforme a las normas legales vigentes, especialmente por lo
dispuesto en la Ley 43 de 1990, la Ley 1314 de 2009, y en sus Decretos Reglamentarios, procede a dar
respuesta a la consulta anterior de manera general, pues no se pretende resolver casos particulares, en
los siguientes términos:
Se considera necesario ante todo, revisar la legislación colombiana básica y que para efectos de la
consulta, rige en materia de los juegos de suerte y azar, debido a que la contabilidad que registra toda
operación económica de los obligados a llevarla, tiene el valor probatorio que le concede el artículo 15
de la Constitución Política, por lo cual iniciaremos con lo contemplado en su artículo 336 para lo
pertinente establece:
“Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con una finalidad de interés público o social y
en virtud de la ley. (…). La organización, administración, control y explotación de los monopolios rentísticos estarán
sometidos a un régimen propio, fijado por la ley de iniciativa gubernamental. Las rentas obtenidas en el ejercicio de
los monopolios de suerte y azar estarán destinadas exclusivamente a los servicios de salud.»
La Ley 643 de 2001 regla todo lo relacionado con este monopolio y en su artículo 2º ordena:
“(…) El monopolio rentístico de juegos de suerte y azar será ejercido de conformidad con lo dispuesto en la presente
ley. La explotación, organización y administración de toda modalidad de juego de suerte y azar estará sujeta a esta
ley y a su reglamentación, expedida por el Gobierno Nacional, la cual es de obligatoria aplicación en todo el territorio
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del país, cualquiera sea el orden o nivel de gobierno al que pertenezca la dependencia o entidad administradora
bajo la cual desarrolle la actividad el operador. La vigilancia será ejercida por intermedio de la Superintendencia
Nacional de Salud.”
El artículo 3 de la norma citada, en relación con los principios que rigen este monopolio, establece en
el literal c): “(…) Racionalidad económica en la operación. La operación de juegos de suerte y azar se realizará por
las entidades estatales competentes, o por los particulares legalmente autorizados o por intermedio de sociedades
organizadas como empresas especializadas, con arreglo a criterios de racionalidad económica y eficiencia
administrativa que garanticen la rentabilidad y productividad necesarias para el cabal cumplimiento de la finalidad
pública y social del monopolio. (…)”
En relación con la definición de lo que debe entenderse por juego de suerte y azar el artículo 5 los define
como: “aquellos juegos en los cuales, según reglas predeterminadas por la ley y el reglamento, una persona, que
actúa en calidad de jugador, realiza una apuesta o paga por el derecho a participar, a otra persona que actúa en
calidad de operador, que le ofrece a cambio un premio, en dinero o en especie, el cual ganará si acierta, dados los
resultados del juego, no siendo este previsible con certeza, por estar determinado por la suerte, el azar o la
casualidad.
Son de suerte y azar aquellos juegos en los cuales se participa sin pagar directamente por hacerlo, y que ofrecen
como premio un bien o servicio, el cual obtendrá si se acierta o si se da la condición requerida para ganar. (…)
Parágrafo. El contrato de juego de suerte y azar entre el apostador y el operador del juego es de adhesión, de
naturaleza aleatoria, debidamente reglamentado, cuyo objeto envuelve la expectativa de ganancia o pérdida,
dependiendo de la ocurrencia o no de un hecho incierto.
Para las apuestas permanentes los documentos de juego deberán ser presentados al operador para su cobro,
dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha del sorteo; si no son cancelados, dan lugar a acción judicial
mediante el proceso verbal de menor y mayor cuantía, indicado en el capítulo primero del título XXIII del Código de
Procedimiento Civil. El documento de juego tiene una caducidad judicial de seis (6) meses.”
Ahora bien, en relación con los conceptos 2018-0164 y 2022-0363 este Consejo reitera lo manifestado
en ambos y confima la conclusión sobre el análisis en cuanto a que:
Los premios entregados a los ganadores deben tratarse como una modificación del contrato, por lo que
estos deben reconocerse como un menor valor del ingreso, para lo cual se basa en los párrafos 18 al 21
de la NIIF 15, considerando y ratificando que los premios en lo correspondiente a juegos de suerte y
azar, diferentes a premios de mercadeo o fidelización, que no corresponden a un menor valor del
ingreso.
De manera complementaria, realizamos la claridad que los premios en materia de juegos suerte y azar
que son logrados durante el “juego” en cuanto a que “las transacciones realizadas por los jugadores
(apostadores), quienes implícitamente adquieren una probabilidad de obtener un premio y cuya
obligación de desempeño se satisface en cada línea de negocio (máquinas, bingos, juegos de mesa,
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apuestas online, etc)” 1 son pactados tácitamente desde el inicio del contrato y dependerán del “azar”
y la suerte.
Cosa distinta es el tratamiento de los premios que en los juegos de suerte y azar que son entregados a
los jugadores (apostadores) y que no se generan por el juego mismo, es decir, corresponden a mercadeo
o fidelización, caso en el cual se debe consultar lo señalado por la NIIF 15.
En los términos anteriores se absuelve la consulta, indicando que, para hacerlo, este organismo se ciñó
a la información presentada por el consultante y los efectos de este concepto son los previstos por el
artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.
Cordialmente,
CARLOS AUGUSTO MOLANO RODRIGUEZ
Consejero CTCP
Proyectó: Paola Andrea Sanabria González
Consejero Ponente: Carlos Augusto Molano R.
Revisó y aprobó: Carlos Augusto Molano R. / Jesús María Peña B. / Jimmy Bolaño T. / Jairo Cervera R.