CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia
Nulidad
Radicación
11001-03-27-000-2025-00055-00 (30229)
Acumulados
11001-03-27-000-2025-00082-00 (30408)
11001-03-27-000-2025-00071-00 (30315)
11001-03-27-000-2025-00038-00 (30202)
11001-03-27-000-2025-00056-00 (30228)
11001-03-27-000-2025-00061-00 (30240)
11001-03-27-000-2025-00040-00 (30204)
11001-03-27-000-2025-00067-00 (30267)
11001-03-27-000-2025-00053-00 (30226)
11001-03-27-000-2025-00044-00 (30208)
11001-03-27-000-2025-00039-00 (30203)
11001-03-27-000-2025-00057-00 (30230)
11001-03-27-000-2025-00063-00 (30243)
11001-03-27-000-2025-00074-00 (30328)
11001-03-27-000-2025-00101-00 (30652)
11001-03-27-000-2025-00086-00 (30480)
11001-03-27-000-2025-00077-00 (30359)
11001-03-27-000-2025-00073-00 (30324)
11001-03-27-000-2025-00058-00 (30231)
11001-03-27-000-2025-00046-00 (30210)
11001-03-27-000-2025-00043-00 (30207)
11001-03-27-000-2025-00049-00 (30215)
11001-03-27-000-2025-00052-00 (30224)
11001-03-27-000-2025-00066-00 (30249)
11001-03-27-000-2025-00045-00 (30209)
11001-03-27-000-2025-00042-00 (30206)
11001-03-27-000-2025-00108-00 (30728)
Demandantes
FUNDACIÓN PARA EL ESTADO DE DERECHO Y OTROS
Demandados
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Temas
Medidas cautelares. Suspensión provisional. Requisitos específicos y generales de procedibilidad.
AUTO INTERLOCUTORIO
El despacho decide sobre la suspensión provisional de los efectos del Decreto 572 de 2025, expedido por el Gobierno Nacional, que reguló las bases de retención y las tarifas de retención en la fuente y de autorretención, según las peticiones de medidas cautelares presentadas en las demandas acumuladas y los escritos separados presentados a ellas.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 572 de 2025. Contra dicho acto, las personas identificadas en los antecedentes presentaron las demandas acumuladas de la referencia en ejercicio del medio de control de simple nulidad, regulado por el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el que pretenden la nulidad total o parcial del reglamento.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Solicitudes de suspensión provisional
Expediente 30315
Los demandantes Andrés Alberto González Becerra y Juan Pablo Fernández López sustentaron la solicitud de medida cautelar alegando que existe una contradicción entre el artículo 8 del Decreto 572 de 2025 y el parágrafo 1 del artículo 365 del Estatuto Tributario, norma que fija una tarifa máxima de retención del 4,5% por concepto de «otros ingresos tributarios». Al aplicar de manera conjunta las tarifas del decreto acusado (4,5%) con la retención prevista para «otros ingresos tributarios» del artículo 1.2.4.9.1. del Decreto 1625 de 2016 (2,5%), se excede el límite establecido en el Estatuto Tributario, lo que conduce, según lo planteado, a una tarifa total del 7%.
Señalaron que el artículo 401 del Estatuto Tributario define los conceptos de «otros ingresos» y fija sus tarifas máximas o únicas. Por lo tanto, ante la ausencia de una regla especial, la tarifa máxima de retención es del 4,5%, la cual es aplicable para las actividades de extracción de hulla (carbón de piedra), extracción de gas natural, extracción de oro y otros metales preciosos, y generación de energía eléctrica.
Plantearon que las autorretenciones, como mecanismos de recaudo anticipado del impuesto sobre la renta, deben sujetarse a los mismos límites y condiciones que las retenciones, postura que fundamentaron en la sentencia del 16 de octubre de 2019, expediente 23108, del Consejo de Estado. Concluyeron que la fijación de autorretenciones que excedan el límite del 4,5% vulnera el principio de legalidad consagrado en el artículo 6 de la Constitución, al eludir los techos tarifarios establecidos por el legislador.
Expediente 30202
Los demandantes Lucas Pombo Santos y Francisco Gnecco Estrada solicitaron la suspensión provisional del decreto acusado en escrito separado, argumentando la configuración del fumus boni iuris a partir de la confrontación directa de la norma con la Constitución.
Sostuvieron que fijar una retención del 4,5% sobre ingresos brutos resulta incongruente con la naturaleza proporcional del anticipo, y que la exposición de motivos del Gobierno Nacional evidencia un desbordamiento de la potestad reglamentaria y una vulneración a la reserva de ley, al trasladar por decreto un impuesto de periodo futuro al año 2025. Invocaron adicionalmente la violación al principio de equidad y no confiscatoriedad, bajo el entendido de que sectores con márgenes reducidos soportarían retenciones superiores a su capacidad de pago, precisando que tales inconsistencias son apreciables sin un debate probatorio extenso.
Respecto al periculum in mora, afirmaron que el decreto genera perjuicios graves y de difícil reparación para los contribuyentes y el interés público económico, debido a una disminución acelerada en la liquidez empresarial que deriva en sobrecostos financieros, riesgos de endeudamiento y quiebras. Manifestaron que dicha situación afecta la contratación de personal, la tasa de desempleo y eleva los costos del transporte y precios al consumidor por el traslado del gravamen, generando presiones inflacionarias.
De igual modo, advirtieron sobre probables sobrecargas administrativas e incertidumbres en los procesos de devolución de saldos a favor que el Estado deberá asumir, concluyendo que la ponderación de intereses exige el otorgamiento de la medida cautelar.
Expediente 30228
La Organización de Trabajadores de la Contraloría General de la República solicitó la suspensión provisional del Decreto 572 en escrito separado de la demanda.
Expuso que vulnera el principio de legalidad del artículo 338 de la Constitución Política, toda vez que el Gobierno excedió su competencia reglamentaria al modificar, mediante decreto, el hecho generador y período de causación del impuesto, sin una ley previa. Agregó que el reglamento contraviene el artículo 367 del Estatuto Tributario, que dispone que la retención opera sobre ingresos efectivamente causados, y no sobre ingresos futuros o proyectados, lo cual convierte la retención en un impuesto anticipado.
Alegó una violación de los principios de seguridad jurídica, certeza tributaria y reserva de ley, y expuso que el decreto genera un perjuicio grave e irreversible para las pequeñas y medianas empresas y para diversos sectores de la economía, afectando la liquidez de los contribuyentes. Observó que el reglamento no contempla mecanismos efectivos para la devolución de saldos retenidos en exceso, lo que deriva en una afectación patrimonial significativa que se agrava debido a las deficiencias del sistema de devoluciones tributarias en Colombia.
Expediente 30240
Carlos Mauricio Reyes Amaya solicitó la suspensión provisional del Decreto 572 o, subsidiariamente, de las disposiciones modificatorias de los artículos 1.2.6.8. y 1.2.4.4.1. del Decreto 1625 de 2015, en escrito separado de la demanda. La solicitud se fundamenta en la apariencia de buen derecho, el peligro en la demora, y en la necesidad de proteger derechos fundamentales y el interés general.
Sustenta la apariencia del buen derecho en la manifiesta contradicción del reglamento con las normas superiores, al vulnerar el principio de capacidad contributiva mediante el aumento de tarifas y la disminución de umbrales de retención sin estudios técnicos actualizados, basándose en datos que consideró obsoletos, de los años 2023 y 2024, lo cual contraviene las sentencias C-148 de 1994 y C-1040 de 2005. Anotó que la contradicción con el crecimiento proyectado de algunos sectores de la economía y los márgenes operacionales bajos refuerza la ilegalidad.
Añadió que el inicio de la vigencia del decreto con solo dos días de «notificación» impide a los contribuyentes ajustar sus sistemas contables, violando el derecho a la planificación tributaria protegido por la sentencia C-064 de 2008, y que la falta de claridad en los grupos tarifarios compromete el debido proceso y la confianza legítima.
Sostuvo que el decreto fija tarifas altas sin demostrar que son un anticipo razonable y usurpa funciones legislativas, en oposición a las sentencias C-489 de 2023 y C-225 de 1994 de la Corte Constitucional, y que el bajo crecimiento minero no justifica la carga impuesta. Acusó a la norma de violar la proporcionalidad, dado que prevé incrementos inidóneos o innecesarios, y afecta sectores con crecimiento moderado, como el de la construcción, con violación de las sentencias C-740 de 2002 y C-632 de 2000.
Explicó que se omitió el análisis de costos agrícolas y de proyecciones de inflación, y que se vulneraron los principios de progresividad, generalidad, igualdad, eficiencia, sostenibilidad fiscal y no confiscatoriedad, al afectar sectores clave en contexto de crecimiento del PIB.
Complementó que los aumentos tarifarios no consideraron el crecimiento sectorial, que la reducción de umbrales carece de estudios actualizados y afecta a las PYMES, y que se compromete la sostenibilidad fiscal para 2026 con los reembolsos de saldo a favor, en contravención de la sentencia C-797 de 2006 de la Corte Constitucional.
Observó que la ilegalidad del decreto se refuerza en la sentencia 11001-03-24-0002020-00045-01 del Consejo de Estado, que permite suspender actos con motivación insuficiente y la urgencia de proteger el ordenamiento jurídico.
Afirmó que también está demostrado el peligro en la mora, dado que la aplicación del decreto generaría daños inminentes e irreversibles al orden económico y la estabilidad fiscal, cargas tributarias desproporcionadas y reducción en la liquidez de las empresas, daños a la seguridad jurídica y confianza legítima, riesgos a la estabilidad macroeconómica por los reembolsos tributarios, perjuicios a sectores estratégicos, y daños inminentes por los reembolsos lentos.
Consideró vulnerados los derechos fundamentales al trabajo, a la propiedad y a la estabilidad económica, así como para garantizar el interés público. Presentó cifras de impactos específicos en la liquidez de sectores como la agricultura, la minería y la construcción e indicó que la medida cautelar es proporcional porqué el recaudo obtenido es marginal frente al daño causado a los contribuyentes.
Expediente 30204
Jonathan Pulido Hernández solicitó la suspensión provisional del decreto, en escrito separado a la demanda, conforme los requisitos de la segunda parte del artículo 231 de la Ley 1437 de 2011. Así, explicó que la demanda está razonablemente fundada, al alegar la vulneración de los principios de separación de poderes, legalidad, equidad, eficiencia y progresividad del sistema tributario, y la potestad reglamentaria del presidente y sus límites.
Indicó que está demostrada la titularidad de los derechos alegados como violados, pues el demandante es ciudadano colombiano, y el acto acusado afecta directamente sus intereses, los de los electores y los de la sociedad colombiana.
Expresó que una ponderación de intereses demuestra que es más perjudicial para el interés general negar la medida cautelar que decretarla, pues se alteró la estructura de recaudo y las tarifas de retención y autorretención, lo que permitiría un recaudo ilegal de entre 5 y 7 billones de pesos. Y alegó la existencia de un perjuicio irremediable, por los mismos motivos, lo que afecta el patrimonio de los colombianos e incide en los índices de inflación.
En la demanda, concretamente en el concepto de la violación, aseguró que el Decreto 572 de 2025 impuso una carga tributaria confiscatoria; desatendió los principios de separación de poderes, legalidad, certeza y equidad tributaria; desconoció las competencias del Congreso; e incurrió en desviación de poder. Esto, porque redujo los umbrales mínimos exentos de retención en la fuente e incrementó las tarifas de forma desproporcionada, sin considerar la capacidad contributiva del obligado. Aseguró que esto configura una retención anticipada obligatoria con efecto confiscatorio, prohibida expresamente por el artículo 34 de la Constitución.
Además, consideró violado el artículo 365 del Estatuto Tributario, porque las tarifas fijadas no se limitan a ser un mecanismo de recaudo anticipado, se utilizan promedios y simulaciones generales de sectores económicos para obligar a todos los contribuyentes de determinada actividad a pagar lo mismo y se impone la carga administrativa de solicitar la devolución posterior.
Expediente 30267
Juan José Amaya Casares pidió la suspensión provisional del decreto, con fundamento en que modificó el hecho generador, la base gravable y los sujetos pasivos del impuesto, de manera que se excedió la potestad reglamentaria, vulnerándose la reserva de ley en materia tributaria.
Alegó una violación al principio de progresividad tributaria al imponerse una carga anticipada, sin considerar capacidad económica real, especialmente sobre asalariados, clase media, pequeños empresarios y emprendedores.
Reparó en que la retención se convierte en una forma de imposición autónoma, sin ley habilitante, que afecta el ingreso neto sin debido proceso fiscal y en forma regresiva.
Cuestionó que el reglamento entrara en vigor en plena ejecución de la vigencia 2025, sin un período de transición, lo cual genera incertidumbre en la planeación financiera, en contravía del principio de seguridad jurídica, la buena fe y la confianza legítima. Alegó que era necesario decretar la medida cautelar para impedir la consolidación de perjuicios irremediables a los contribuyentes.
Expediente 30226
Martín Alberto Santos Díaz solicitó la suspensión provisional del decreto en el cuerpo de la demanda. Así, afirmó que el reglamento, al modificar sustancialmente las tarifas y bases de autorretención, excedió la potestad reglamentaria, dado que dicha medida tiene un impacto directo y sustancial en la carga tributaria de los contribuyentes, lo cual tiene reserva de ley y que se vulneran la seguridad jurídica y el debido proceso.
Relató que la aplicación de la norma genera perjuicios irremediables para los contribuyentes, quienes resienten su liquidez y capacidad financiera, dada la alteración significativa en la planeación financiera de empresas y de las personas naturales, con costos administrativos y operativos adicionales y que no suspenderlo puede ocasionar un impacto negativo en la economía y desincentivar la inversión, afectando el flujo de caja y el capital de trabajo, lo que puede llevar a situaciones de iliquidez e insolvencia que no se remedian con las devoluciones.
Comentó que los argumentos de la demanda revestían fundamentos jurídicos sólidos y que las medidas del decreto convierten a la retención en una forma de financiación del Estado.
La Asociación de Carboneros de Norte de Santander (ASOCARBONOR) coadyuvó la solicitud, dado que el decreto traslada una mayor carga tributaria a sectores que no necesariamente tienen mayor capacidad contributiva, como el sector minero. Expresó que el reglamento trata de manera uniforme a los distintos contribuyentes, desconociendo la heterogeneidad de las condiciones económicas del sector minero, sin socializar los estudios económicos que lo soportaron.
Complementó que el acto acusado modificó las tarifas de autorretención sin ley habilitante, y que carece de un análisis técnico, económico y sectorial que sustente la modificación de las tarifas, omitiendo un estudio de necesidad, eficacia y razonabilidad.
Expediente 30208
Fernando Alexis Jiménez Orozco solicitó la suspensión provisional del Decreto 572 de 2025, en escrito separado de la demanda. Expuso que el decreto vulnera el principio de legalidad tributaria y excede la potestad reglamentaria al modificar sustancialmente las tarifas de autorretención y retención sin autorización legal expresa, alterando de facto el recaudo del impuesto sobre la renta para la vigencia 2025.
Manifestó que el Gobierno Nacional convirtió la autorretención en un mecanismo de financiación anticipada del gasto público, desconociendo su naturaleza jurídica como simple anticipo del impuesto y afectando la capacidad contributiva de los sujetos pasivos. Indicó que la modificación de las tarifas carece de estudios técnicos suficientes y no atiende criterios de proporcionalidad ni razonabilidad.
Adujo que la norma genera afectaciones inmediatas a la liquidez de las empresas, especialmente en sectores intensivos en capital o con márgenes reducidos de rentabilidad, y que ello puede traducirse en despidos, incumplimiento de obligaciones y afectaciones a la economía nacional.
Sostuvo que se cumple el requisito del fumus boni iuris porque la vulneración normativa surge del simple cotejo entre el decreto acusado y las disposiciones superiores invocadas, especialmente los artículos 95, 150 numeral 12, 189 numeral 11 y 338 de la Constitución Política.
Frente al periculum in mora, afirmó que los efectos económicos negativos derivados de la aplicación inmediata del decreto son graves, continuados e irreparables, pues afectan directamente el flujo de caja de las empresas y dificultan el cumplimiento de obligaciones laborales, financieras y tributarias.
Expediente 30203
Santiago Rojas Hernández solicitó la suspensión provisional del decreto acusado en escrito separado de la demanda. Expresó que el Gobierno Nacional modificó elementos esenciales del tributo bajo la apariencia de regulación de retenciones, alterando en realidad la carga tributaria efectiva de los contribuyentes.
Indicó que la autorretención establecida mediante el decreto no guarda relación razonable con el impuesto finalmente a cargo y se convierte en una fuente de financiación estatal no autorizada por el legislador. Consideró que ello vulnera los principios de legalidad, equidad, eficiencia y progresividad tributaria.
Agregó que el acto administrativo acusado carece de motivación suficiente, porque no demuestra técnicamente la necesidad de incrementar las tarifas ni la proporcionalidad de las medidas adoptadas frente a los fines perseguidos.
Expuso que la aplicación inmediata de las nuevas tarifas produce un impacto económico considerable sobre empresas y personas naturales, afectando su liquidez y generando un perjuicio que no puede ser reparado de forma adecuada mediante los mecanismos ordinarios de devolución de saldos a favor.
Expediente 30230
Luis Fernando Medina Pérez solicitó la suspensión provisional del Decreto 572 de 2025. Afirmó que el reglamento desconoce la naturaleza jurídica de la retención en la fuente y de la autorretención, al utilizarlas como instrumentos de recaudo extraordinario y no como simples mecanismos de recaudo anticipado del impuesto.
Señaló que el incremento de tarifas y la reducción de bases mínimas de retención constituyen una modificación sustancial de la obligación tributaria, que solo podía realizarse mediante ley expedida por el Congreso de la República.
Indicó que la medida afecta especialmente a contribuyentes con márgenes operacionales bajos o ciclos de recuperación largos, generando cargas financieras desproporcionadas y afectando el equilibrio económico de múltiples sectores productivos.
Adujo que existe un perjuicio irremediable derivado de la afectación inmediata a la liquidez de los contribuyentes y de la imposibilidad práctica de recuperar oportunamente los recursos retenidos en exceso.
Expediente 30243
Carlos Andrés Patiño Vélez solicitó la suspensión provisional del decreto acusado. Manifestó que el Gobierno Nacional utilizó indebidamente la potestad reglamentaria para modificar aspectos sustanciales del sistema tributario, excediendo las competencias previstas en el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política.
Afirmó que las tarifas fijadas en el decreto no responden a criterios técnicos verificables ni guardan relación con la realidad económica de los sectores afectados. Indicó que se desconocieron principios constitucionales como la capacidad contributiva, la equidad y la progresividad tributaria.
Agregó que el decreto genera un efecto confiscatorio indirecto, debido a que obliga a múltiples contribuyentes a anticipar sumas superiores a las que razonablemente corresponderían al impuesto finalmente determinado.
Sostuvo que la aplicación inmediata del acto acusado ocasiona daños graves e irreversibles a la economía de empresas y personas naturales, particularmente por la disminución abrupta del capital de trabajo y la necesidad de acudir a mecanismos de financiación externa para atender obligaciones corrientes.
Expediente 30328
María Fernanda Torres Jiménez solicitó la suspensión provisional parcial del Decreto 572 de 2025. Consideró que las disposiciones relacionadas con las tarifas de autorretención violan el principio de legalidad tributaria y desconocen la reserva de ley en materia fiscal.
Indicó que el Gobierno Nacional desbordó los límites de la potestad reglamentaria al establecer cargas tributarias adicionales sin habilitación legislativa expresa y sin motivación técnica suficiente.
Manifestó que la norma produce efectos negativos inmediatos sobre la actividad económica, particularmente en sectores productivos que requieren altos niveles de liquidez para su operación ordinaria. Añadió que el perjuicio derivado de la aplicación del decreto resulta especialmente grave para pequeñas y medianas empresas.
Concluyó que la medida cautelar resulta necesaria para evitar la consolidación de daños económicos y financieros mientras se decide de fondo sobre la legalidad del acto acusado.
Expediente 30208
Fernando Alexis Jiménez Orozco solicitó la suspensión provisional del Decreto 572 de 2025, en escrito separado de la demanda. Expuso que el decreto vulnera el principio de legalidad tributaria y excede la potestad reglamentaria al modificar sustancialmente las tarifas de autorretención y retención sin autorización legal expresa, alterando de facto el recaudo del impuesto sobre la renta para la vigencia 2025.
Manifestó que el Gobierno Nacional convirtió la autorretención en un mecanismo de financiación anticipada del gasto público, desconociendo su naturaleza jurídica como simple anticipo del impuesto y afectando la capacidad contributiva de los sujetos pasivos. Indicó que la modificación de las tarifas carece de estudios técnicos suficientes y no atiende criterios de proporcionalidad ni razonabilidad.
Adujo que la norma genera afectaciones inmediatas a la liquidez de las empresas, especialmente en sectores intensivos en capital o con márgenes reducidos de rentabilidad, y que ello puede traducirse en despidos, incumplimiento de obligaciones y afectaciones a la economía nacional.
Sostuvo que se cumple el requisito del fumus boni iuris porque la vulneración normativa surge del simple cotejo entre el decreto acusado y las disposiciones superiores invocadas, especialmente los artículos 95, 150 numeral 12, 189 numeral 11 y 338 de la Constitución Política.
Frente al periculum in mora, afirmó que los efectos económicos negativos derivados de la aplicación inmediata del decreto son graves, continuados e irreparables, pues afectan directamente el flujo de caja de las empresas y dificultan el cumplimiento de obligaciones laborales, financieras y tributarias.
Expediente 30203
Santiago Rojas Hernández solicitó la suspensión provisional del decreto acusado en escrito separado de la demanda. Expresó que el Gobierno Nacional modificó elementos esenciales del tributo bajo la apariencia de regulación de retenciones, alterando en realidad la carga tributaria efectiva de los contribuyentes.
Indicó que la autorretención establecida mediante el decreto no guarda relación razonable con el impuesto finalmente a cargo y se convierte en una fuente de financiación estatal no autorizada por el legislador. Consideró que ello vulnera los principios de legalidad, equidad, eficiencia y progresividad tributaria.
Agregó que el acto administrativo acusado carece de motivación suficiente, porque no demuestra técnicamente la necesidad de incrementar las tarifas ni la proporcionalidad de las medidas adoptadas frente a los fines perseguidos.
Expuso que la aplicación inmediata de las nuevas tarifas produce un impacto económico considerable sobre empresas y personas naturales, afectando su liquidez y generando un perjuicio que no puede ser reparado de forma adecuada mediante los mecanismos ordinarios de devolución de saldos a favor.
Expediente 30230
Luis Fernando Medina Pérez solicitó la suspensión provisional del Decreto 572 de 2025. Afirmó que el reglamento desconoce la naturaleza jurídica de la retención en la fuente y de la autorretención, al utilizarlas como instrumentos de recaudo extraordinario y no como simples mecanismos de recaudo anticipado del impuesto.
Señaló que el incremento de tarifas y la reducción de bases mínimas de retención constituyen una modificación sustancial de la obligación tributaria, que solo podía realizarse mediante ley expedida por el Congreso de la República.
Indicó que la medida afecta especialmente a contribuyentes con márgenes operacionales bajos o ciclos de recuperación largos, generando cargas financieras desproporcionadas y afectando el equilibrio económico de múltiples sectores productivos.
Adujo que existe un perjuicio irremediable derivado de la afectación inmediata a la liquidez de los contribuyentes y de la imposibilidad práctica de recuperar oportunamente los recursos retenidos en exceso.
Expediente 30243
Carlos Andrés Patiño Vélez solicitó la suspensión provisional del decreto acusado. Manifestó que el Gobierno Nacional utilizó indebidamente la potestad reglamentaria para modificar aspectos sustanciales del sistema tributario, excediendo las competencias previstas en el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política.
Afirmó que las tarifas fijadas en el decreto no responden a criterios técnicos verificables ni guardan relación con la realidad económica de los sectores afectados. Indicó que se desconocieron principios constitucionales como la capacidad contributiva, la equidad y la progresividad tributaria.
Agregó que el decreto genera un efecto confiscatorio indirecto, debido a que obliga a múltiples contribuyentes a anticipar sumas superiores a las que razonablemente corresponderían al impuesto finalmente determinado.
Sostuvo que la aplicación inmediata del acto acusado ocasiona daños graves e irreversibles a la economía de empresas y personas naturales, particularmente por la disminución abrupta del capital de trabajo y la necesidad de acudir a mecanismos de financiación externa para atender obligaciones corrientes.
Expediente 30328
María Fernanda Torres Jiménez solicitó la suspensión provisional parcial del Decreto 572 de 2025. Consideró que las disposiciones relacionadas con las tarifas de autorretención violan el principio de legalidad tributaria y desconocen la reserva de ley en materia fiscal.
Indicó que el Gobierno Nacional desbordó los límites de la potestad reglamentaria al establecer cargas tributarias adicionales sin habilitación legislativa expresa y sin motivación técnica suficiente.
Manifestó que la norma produce efectos negativos inmediatos sobre la actividad económica, particularmente en sectores productivos que requieren altos niveles de liquidez para su operación ordinaria. Añadió que el perjuicio derivado de la aplicación del decreto resulta especialmente grave para pequeñas y medianas empresas.
Concluyó que la medida cautelar resulta necesaria para evitar la consolidación de daños económicos y financieros mientras se decide de fondo sobre la legalidad del acto acusado.
Expediente 30652
La Fundación para el Estado de Derecho solicitó la suspensión provisional del Decreto 572 de 2025. Manifestó que el acto acusado vulnera los principios de legalidad tributaria, separación de poderes y reserva de ley, al modificar sustancialmente la carga tributaria efectiva de los contribuyentes mediante la alteración de tarifas y bases de retención y autorretención.
Indicó que el Gobierno Nacional utilizó la figura de la retención en la fuente como un instrumento de financiación estatal, desnaturalizando su finalidad constitucional y legal como mecanismo de recaudo anticipado del impuesto.
Expuso que las modificaciones introducidas afectan de manera desproporcionada a distintos sectores económicos, especialmente aquellos con márgenes operacionales bajos o con estructuras de costos intensivas, comprometiendo su sostenibilidad financiera.
Adujo que el decreto carece de motivación técnica suficiente y que no demuestra adecuadamente la proporcionalidad ni necesidad de las medidas adoptadas. También señaló que la aplicación inmediata de las disposiciones genera riesgos graves para la estabilidad económica y financiera de los contribuyentes.
Expediente 30480
Camilo Andrés Rodríguez García solicitó la suspensión provisional del acto acusado. Señaló que el decreto impone cargas excesivas y desproporcionadas a los contribuyentes, desconociendo los principios de equidad, progresividad y capacidad contributiva previstos en la Constitución Política.
Manifestó que el incremento de las tarifas de autorretención implica una apropiación anticipada de recursos que excede la naturaleza jurídica del mecanismo de recaudo, convirtiéndose en una forma indirecta de tributación no autorizada por el legislador.
Afirmó que el acto administrativo acusado genera un perjuicio grave e inminente a las empresas, particularmente por la afectación inmediata de su flujo de caja y de su capacidad de inversión y operación.
Sostuvo que la medida cautelar es procedente porque la violación normativa surge de la confrontación directa entre el decreto acusado y las disposiciones constitucionales y legales invocadas.
Expediente 30359
Juan Esteban Cárdenas Herrera pidió la suspensión provisional del Decreto 572 de 2025. Expresó que el Gobierno Nacional excedió la potestad reglamentaria al modificar elementos sustanciales del sistema tributario, sin autorización legislativa expresa.
Indicó que las tarifas fijadas en el decreto no corresponden a criterios técnicos razonables y que su aplicación genera cargas desproporcionadas sobre determinados sectores económicos.
Agregó que la norma afecta la confianza legítima y la seguridad jurídica de los contribuyentes, debido a que altera de manera abrupta las condiciones tributarias vigentes en plena ejecución de la vigencia fiscal.
Sostuvo que los efectos económicos derivados de la aplicación inmediata del decreto son graves y de difícil reparación, especialmente para pequeñas y medianas empresas.
Expediente 30324
María Alejandra Gómez Rojas solicitó la suspensión provisional del acto acusado. Señaló que el decreto vulnera los artículos 95, 150, 189 y 338 de la Constitución Política, al modificar materialmente la obligación tributaria mediante un acto reglamentario.
Afirmó que el Gobierno Nacional utilizó la figura de la autorretención para anticipar recursos fiscales sin soporte legal suficiente y sin atender adecuadamente los principios de capacidad contributiva y proporcionalidad.
Indicó que las medidas adoptadas generan afectaciones directas a la liquidez empresarial y comprometen la estabilidad financiera de diversos sectores económicos.
Manifestó que el perjuicio ocasionado por la aplicación del decreto es inminente y difícilmente reparable mediante mecanismos posteriores de devolución tributaria.
Expediente 30231
Jorge Iván Suárez Morales solicitó la suspensión provisional del Decreto 572 de 2025. Expresó que el acto acusado transforma la naturaleza de la retención en la fuente y de la autorretención, utilizándolas como mecanismos autónomos de tributación y financiación estatal.
Indicó que el Gobierno Nacional desbordó los límites de la potestad reglamentaria, dado que modificó aspectos esenciales del tributo sin ley habilitante.
Agregó que la norma afecta gravemente la liquidez y sostenibilidad de múltiples contribuyentes, especialmente en sectores con ciclos económicos prolongados o con alta dependencia de capital de trabajo.
Sostuvo que la medida cautelar resulta necesaria para evitar daños económicos irreversibles y preservar los principios constitucionales que rigen el sistema tributario.
Expediente 30210
Laura Catalina Mejía Pérez solicitó la suspensión provisional parcial del decreto acusado. Manifestó que el acto administrativo carece de motivación técnica suficiente y que las tarifas establecidas no guardan relación razonable con la capacidad contributiva de los sujetos afectados.
Indicó que el decreto genera una afectación desproporcionada sobre empresas con márgenes reducidos y altera la finalidad de la autorretención como simple mecanismo de recaudo anticipado.
Afirmó que la aplicación inmediata del reglamento ocasiona un perjuicio grave e inminente sobre el flujo de caja y la capacidad operativa de los contribuyentes.
Concluyó que la suspensión provisional es procedente porque se cumplen los requisitos de apariencia de buen derecho y peligro en la demora previstos en el artículo 231 del CPACA.
Continuación de la transcripción:
Expediente 30207
Ricardo Andrés Velásquez Moreno solicitó la suspensión provisional del Decreto 572 de 2025. Señaló que el acto acusado desconoce el principio de legalidad tributaria y excede la potestad reglamentaria atribuida al Presidente de la República.
Manifestó que el Gobierno Nacional alteró sustancialmente la carga tributaria efectiva de los contribuyentes mediante la modificación de tarifas y bases de retención y autorretención, sin autorización legislativa expresa.
Indicó que las medidas adoptadas afectan gravemente la liquidez de empresas y personas naturales, especialmente en sectores económicos con bajos márgenes de rentabilidad.
Sostuvo que el decreto produce efectos confiscatorios indirectos y vulnera los principios de equidad, progresividad y capacidad contributiva.
Expediente 30215
Diana Carolina Herrera Díaz solicitó la suspensión provisional del acto acusado. Expresó que el reglamento convierte la retención en la fuente y la autorretención en mecanismos autónomos de financiación estatal, desconociendo su naturaleza jurídica como anticipos del impuesto sobre la renta.
Indicó que el Gobierno Nacional desbordó la potestad reglamentaria y modificó elementos esenciales del tributo reservados al legislador.
Afirmó que la aplicación inmediata de las nuevas tarifas genera afectaciones graves al flujo de caja de los contribuyentes y compromete la estabilidad financiera de múltiples actividades económicas.
Consideró que el perjuicio derivado del acto acusado es inminente y de difícil reparación, especialmente por las dificultades prácticas en los procedimientos de devolución de saldos a favor.
Expediente 30224
Felipe Andrés Martínez Rojas solicitó la suspensión provisional del Decreto 572 de 2025. Manifestó que las modificaciones introducidas por el reglamento vulneran los principios de legalidad, equidad y progresividad tributaria.
Indicó que el incremento de tarifas y la reducción de bases mínimas de retención implican una afectación desproporcionada para determinados sectores económicos, particularmente aquellos con altos costos operacionales y baja rentabilidad.
Adujo que el Gobierno Nacional omitió realizar estudios técnicos suficientes que justificaran la necesidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas.
Agregó que la aplicación inmediata del decreto genera daños económicos graves e irreparables para los contribuyentes afectados.
Expediente 30249
Andrés Felipe Ramírez Gómez solicitó la suspensión provisional parcial del acto acusado. Señaló que el decreto vulnera la reserva de ley tributaria al modificar materialmente la obligación fiscal mediante un acto administrativo reglamentario.
Expresó que las nuevas tarifas de autorretención generan un recaudo anticipado excesivo y desproporcionado, afectando la liquidez y capacidad financiera de empresas y personas naturales.
Manifestó que el acto administrativo carece de motivación técnica suficiente y que no demuestra adecuadamente la razonabilidad de las medidas adoptadas.
Sostuvo que la suspensión provisional resulta necesaria para evitar la consolidación de perjuicios económicos mientras se resuelve la legalidad del decreto.
Expediente 30209
Natalia Andrea Sánchez López solicitó la suspensión provisional del Decreto 572 de 2025. Indicó que el reglamento transforma la naturaleza jurídica de la retención en la fuente, utilizándola como mecanismo autónomo de recaudo y financiación estatal.
Afirmó que el Gobierno Nacional excedió los límites de la potestad reglamentaria al modificar elementos esenciales del sistema tributario sin habilitación legal expresa.
Manifestó que las medidas adoptadas afectan de manera inmediata y significativa la liquidez de los contribuyentes, generando riesgos para la sostenibilidad financiera de múltiples sectores económicos.
Concluyó que se cumplen los requisitos legales para decretar la medida cautelar, dada la existencia de una vulneración normativa evidente y de un perjuicio irremediable.
Expediente 30206
Mauricio Alejandro Vargas Castaño solicitó la suspensión provisional del acto acusado. Expresó que el decreto vulnera los principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima, al modificar abruptamente las condiciones tributarias vigentes durante la ejecución de la vigencia fiscal.
Indicó que las tarifas fijadas no responden a estudios técnicos actualizados ni consideran adecuadamente la capacidad contributiva de los sujetos afectados.
Afirmó que la aplicación inmediata del reglamento ocasiona afectaciones graves a la liquidez empresarial y compromete la estabilidad financiera de diversos sectores productivos.
Sostuvo que la suspensión provisional es necesaria para evitar daños económicos de difícil reparación y preservar la integridad del ordenamiento jurídico.
Expediente 30728
La Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas solicitó la suspensión provisional del Decreto 572 de 2025. Manifestó que el acto acusado impone cargas tributarias desproporcionadas a las PYMES, afectando su liquidez y capacidad operativa.
Indicó que el incremento de las tarifas de autorretención y la reducción de bases mínimas de retención generan un impacto financiero negativo inmediato sobre las empresas afiliadas, especialmente aquellas con márgenes de utilidad reducidos.
Afirmó que el Gobierno Nacional excedió la potestad reglamentaria y desconoció la reserva de ley tributaria al modificar elementos esenciales de la obligación fiscal mediante decreto.
Concluyó que la aplicación inmediata del reglamento amenaza la sostenibilidad económica de múltiples pequeñas y medianas empresas, razón por la cual resulta procedente decretar la suspensión provisional de sus efectos.
TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE MEDIDA CAUTELAR
Mediante autos separados, el despacho admitió las demandas y ordenó correr traslado de las solicitudes de suspensión provisional al Presidente de la República, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, conforme lo previsto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Oposición a las solicitudes de suspensión provisional
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público se opuso a la prosperidad de las medidas cautelares solicitadas. Indicó que el Decreto 572 de 2025 fue expedido en ejercicio de la potestad reglamentaria prevista en el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política y dentro del marco de las competencias otorgadas por el Estatuto Tributario.
Manifestó que la retención en la fuente y la autorretención son mecanismos de recaudo anticipado del impuesto sobre la renta y que la modificación de sus tarifas no implica la creación de un nuevo tributo ni la alteración de los elementos esenciales del impuesto.
Afirmó que el reglamento acusado no desconoce la reserva de ley en materia tributaria, porque las normas superiores habilitan al Gobierno Nacional para fijar y ajustar tarifas de retención y autorretención con fines de eficiencia en el recaudo.
Indicó que las tarifas establecidas responden a estudios técnicos y proyecciones de recaudo elaboradas por la administración tributaria, orientadas a garantizar el cumplimiento de las metas fiscales y la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Expuso que los demandantes no demostraron de manera suficiente la existencia de un perjuicio irremediable ni la configuración de los requisitos exigidos por el artículo 231 del CPACA para el decreto de medidas cautelares.
Sostuvo que la suspensión provisional del decreto generaría graves afectaciones al recaudo tributario y comprometería la estabilidad fiscal del Estado.
Presidencia de la República
La Presidencia de la República solicitó negar las medidas cautelares. Señaló que el acto acusado fue expedido dentro de los límites constitucionales y legales de la potestad reglamentaria.
Indicó que las modificaciones introducidas por el Decreto 572 de 2025 no alteran los elementos estructurales del impuesto sobre la renta, sino que desarrollan mecanismos de recaudo anticipado previstos en la ley.
Manifestó que las retenciones y autorretenciones no constituyen tributos autónomos y que su modificación no requiere una ley especial, dado que el legislador habilitó expresamente al Gobierno Nacional para reglamentar aspectos operativos y tarifarios relacionados con dichos mecanismos.
Afirmó que no existe vulneración de los principios de legalidad, equidad o progresividad tributaria y que las medidas adoptadas buscan garantizar la eficiencia del sistema de recaudo.
Agregó que los demandantes no acreditaron suficientemente la configuración del periculum in mora ni demostraron la existencia de perjuicios irreparables derivados de la aplicación inmediata del decreto.
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado también se opuso a las solicitudes de suspensión provisional. Expresó que el Decreto 572 de 2025 fue expedido conforme a las competencias constitucionales y legales del Gobierno Nacional.
Manifestó que las retenciones en la fuente y autorretenciones son instrumentos de recaudo anticipado cuya regulación corresponde al Ejecutivo dentro de los parámetros establecidos por la ley.
Indicó que las medidas adoptadas en el decreto no constituyen una modificación de los elementos esenciales del tributo ni vulneran la reserva de ley tributaria.
Afirmó que los demandantes no demostraron la existencia de una violación evidente del ordenamiento jurídico ni acreditaron suficientemente los requisitos de procedencia de las medidas cautelares.
Señaló que la suspensión provisional del decreto podría afectar de manera significativa las finanzas públicas y el cumplimiento de las metas de recaudo previstas para la vigencia fiscal correspondiente.
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Corresponde al despacho decidir sobre las solicitudes de suspensión provisional de los efectos del Decreto 572 de 2025, expedido por el Gobierno Nacional, mediante el cual se modificaron disposiciones relacionadas con las tarifas y bases de retención en la fuente y autorretención.
Para resolver, se analizarán: (i) el marco normativo y jurisprudencial aplicable a las medidas cautelares en el medio de control de nulidad; (ii) los argumentos expuestos por los solicitantes; y (iii) la configuración de los requisitos previstos en el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Marco normativo de las medidas cautelares
El artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que en todos los procesos declarativos adelantados ante esta jurisdicción podrán decretarse las medidas cautelares necesarias para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.
Por su parte, el artículo 231 ibidem establece que, tratándose de la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, esta procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se presente en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.
La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que las medidas cautelares constituyen instrumentos procesales orientados a garantizar la eficacia de la administración de justicia y a evitar que la duración del proceso torne nugatorio el eventual fallo definitivo.
Asimismo, la jurisprudencia ha precisado que, para el decreto de una medida cautelar de suspensión provisional, el juez debe verificar la existencia de los requisitos conocidos como fumus boni iuris y periculum in mora, entendidos como la apariencia de buen derecho y el peligro derivado de la demora en la adopción de la decisión definitiva.
La apariencia de buen derecho exige que, en esta etapa inicial del proceso, exista una posible vulneración del ordenamiento jurídico que surja de la confrontación entre el acto acusado y las normas superiores invocadas o del análisis preliminar de las pruebas allegadas.
Por su parte, el peligro en la demora implica la necesidad de evitar que la ejecución del acto administrativo durante el trámite del proceso genere perjuicios graves o torne ineficaz la eventual sentencia que se profiera.
No obstante, el análisis que realiza el juez en sede cautelar es preliminar y no implica prejuzgamiento sobre la legalidad del acto acusado, cuestión que corresponde definir en la sentencia que ponga fin al proceso.
Caso concreto
En el presente asunto, los demandantes solicitan la suspensión provisional de los efectos del Decreto 572 de 2025, al considerar que el Gobierno Nacional excedió la potestad reglamentaria al modificar sustancialmente las tarifas y bases de retención y autorretención previstas en el ordenamiento tributario.
Sostienen que el acto acusado vulnera, entre otros, los artículos 95, 150 numeral 12, 189 numeral 11 y 338 de la Constitución Política, así como diversas disposiciones del Estatuto Tributario relacionadas con la naturaleza jurídica de la retención en la fuente y la autorretención.
En particular, alegan que el reglamento transforma dichos mecanismos de recaudo anticipado en verdaderos instrumentos autónomos de tributación y financiación estatal, sin habilitación legal expresa y en contravía de los principios de legalidad, equidad, progresividad y capacidad contributiva.
También afirman que las nuevas tarifas afectan gravemente la liquidez de empresas y personas naturales, especialmente en sectores económicos con márgenes reducidos, generando perjuicios económicos de difícil reparación.
Por su parte, las entidades demandadas sostienen que el Decreto 572 de 2025 fue expedido dentro del marco de la potestad reglamentaria del Presidente de la República y conforme a las facultades otorgadas por el Estatuto Tributario para regular aspectos relacionados con la retención en la fuente y la autorretención.
Indican que las medidas adoptadas no modifican elementos esenciales del impuesto sobre la renta ni crean nuevos tributos, sino que desarrollan mecanismos de recaudo anticipado orientados a garantizar la eficiencia del sistema tributario y el cumplimiento de las metas fiscales.
Análisis del fumus boni iuris
El despacho observa que las controversias planteadas por los demandantes involucran el alcance de la potestad reglamentaria en materia tributaria y la naturaleza jurídica de las retenciones y autorretenciones reguladas en el Estatuto Tributario.
Algunas de las acusaciones formuladas requieren un análisis integral de las disposiciones legales aplicables, de los antecedentes administrativos del acto acusado y de los estudios técnicos que sustentaron su expedición, aspectos que exceden el ámbito propio de esta etapa cautelar.
No obstante, de la confrontación preliminar entre el Decreto 572 de 2025 y las normas superiores invocadas, el despacho advierte que los cuestionamientos formulados respecto de determinados sectores y actividades económicas requieren un análisis de fondo que permita establecer si las tarifas fijadas guardan relación razonable con la naturaleza de los mecanismos de recaudo anticipado regulados por el Estatuto Tributario.
En particular, se observa que algunos demandantes alegan que la combinación de determinadas tarifas previstas en el decreto acusado con otras retenciones existentes podría conducir a cargas que excederían los límites previstos en el ordenamiento tributario.
Sin embargo, la determinación de la configuración de una eventual extralimitación de la potestad reglamentaria requiere un análisis detallado de la estructura normativa aplicable y de la forma en que operan las diferentes modalidades de retención y autorretención en cada caso concreto.
Igualmente, el estudio de los cargos relacionados con la proporcionalidad de las tarifas, la afectación de la capacidad contributiva y los efectos económicos del decreto exige una valoración probatoria y técnica que no puede agotarse en esta etapa inicial del proceso.
Análisis del periculum in mora
En relación con el peligro en la demora, los demandantes afirman que la aplicación inmediata del Decreto 572 de 2025 genera afectaciones graves a la liquidez y sostenibilidad financiera de empresas y personas naturales.
No obstante, las afirmaciones relacionadas con eventuales impactos económicos, riesgos de insolvencia, afectaciones al empleo, incremento de costos o distorsiones macroeconómicas no se encuentran acompañadas, en esta etapa procesal, de elementos probatorios suficientes que permitan acreditar de manera concreta e inmediata la configuración de un perjuicio irremediable.
El despacho observa que los argumentos expuestos por los solicitantes corresponden, en buena medida, a hipótesis generales sobre posibles efectos económicos futuros derivados de la aplicación del acto acusado, cuya ocurrencia y magnitud deberán ser objeto de debate probatorio dentro del proceso.
Además, debe tenerse en cuenta que el ordenamiento jurídico prevé mecanismos administrativos y judiciales orientados a controvertir actuaciones relacionadas con la aplicación de las normas tributarias y a solicitar, cuando corresponda, la devolución de pagos efectuados en exceso o sin justa causa.
En consecuencia, no se evidencia, en esta etapa preliminar, la existencia de un perjuicio grave, inminente e irreparable que haga indispensable la suspensión inmediata de los efectos del Decreto 572 de 2025.
Continuación de la transcripción:
Así las cosas, el despacho concluye que, en el presente asunto, no se encuentran acreditados los requisitos exigidos por el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para decretar la suspensión provisional de los efectos del Decreto 572 de 2025.
Lo anterior, sin perjuicio del análisis integral que corresponda efectuar en la sentencia que decida de fondo sobre la legalidad del acto acusado, una vez agotadas las etapas procesales y probatorias correspondientes.
En mérito de lo expuesto, el despacho
RESUELVE
1. NEGAR las solicitudes de suspensión provisional de los efectos del Decreto 572 de 2025, expedido por el Gobierno Nacional, presentadas dentro de los procesos acumulados de la referencia.
2. RECONOCER personería a los apoderados de las partes, en los términos y para los efectos de los poderes conferidos y obrantes en el expediente.
Notifíquese y cúmplase.
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Magistrada
Constancia
La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Magistrada Ponente en la plataforma SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en el Acuerdo PCSJA20-11567 de 2020 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.