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La sociedad por acciones simplificada en el Mercado Público de Valores

OCH Blog La sociedad por acciones simplificada en el Mercado Público de Valores

Este contenido es producido por OCH Group, Independent Member de GGI en Colombia.

Cómo una posible solución a los graves efectos económicos causados por la pandemia en Colombia, el gobierno nacional decidió flexibilizar la prohibición expresa contenida en el artículo 4 de la Ley 1258 de 2008 la cual establece que las acciones y los demás valores que emita la sociedad por acciones simplificada no podrán inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa.

Autor: Juan Pablo Calle – Junior – [email protected]

El Decreto 817 de 2020, habilitó a las S.A.S. a inscribir en el Registro Nacional de Valores y Emisores los títulos de deuda que emita en el Segundo mercado, para ello tendrá como limitante temporal la emisión de estos títulos a partir de la fecha de expedición del citado decreto y hasta por dos años calendario, esto es, hasta el 5 de junio de 2022, a su vez, el plazo máximo de las emisiones será de hasta 5 años. La deuda emitida en atención a estas disposiciones podrá ser garantizadas por el Fondo Nacional de Garantías.

 

Adicionalmente, a través del decreto 1235 del año 2020, el gobierno nacional determinó las condiciones estatutarias y de gobierno corporativo para que las S.A.S. accedan al mercado de valores.

 

Al margen de esta normativa la S.A.S. puede hacer emisiones privada en búsqueda de financiación, esto es, aquella dirigida a máximo 99 personas determinadas o a los mismos accionistas de la empresa pero cuando estos sean menos de 500.1

 

¿Verdadero mecanismo de financiación?

 

La finalidad principal de esta normativa es permitir a la S.A.S. acceder a un mecanismo de financiación que le era prohibido en virtud de la norma expedida hace ya casi 13 años, esto se entiende puesto que la S.A.S. en Colombia se ha proyectado como una compañía cerrada, en muchos casos familiar y que, en principio, tiene como finalidad consolidarse como micro, pequeña y mediana empresa, esta es quizás la realidad de la gran mayoría de la S.A.S.

 

Por lo anterior y buscando consolidar la S.A.S. como un vehículo societario plenamente accesible, fue necesario flexibilizar en gran medida sus normas donde, en muchos casos, las disposiciones normativas son supletivas a la voluntad de las partes, razón por la cual, no pareciere viable la inclusión de estas compañías en un mercado público donde se hacen transacciones con ahorro privado y los inversionistas requieren de especiales instrumentos de protección.

 

Sin embargo, y atendiendo a lo dicho por Reyes Villamizar:

 

“La sociedad por acciones simplificada no es un instrumento diseñado solamente para las micro, pequeñas y medianas empresas (…) En ella se prevén los mecanismos más modernos de capitalización de las sociedades de capitales y se reducen las normas imperativas consagradas en el Código de Comercio sobre esta materia. Así, no solo se atenúa el alcance prohibitivo de ciertas normas que gobiernan la suscripción y el pago de capital, sino que, además, se incluyen diversas modalidades de acciones, tales como las privilegiadas, de pago, con voto múltiple, con dividendo preferencial y sin derecho a voto y con dividendo fijo anual.”2

 

El desarrollo de la S.A.S., así como su amplia acogida por el empresario colombiano ha permitido que llegue a un punto de consolidación a partir del cual es posible explorar nuevos escenarios que le sean aplicables, como es el caso de estudio.

 

Pese a esos avances, la excepción es encontrar S.A.S. proyectadas como grandes empresas en Colombia, por lo cual no fue de extrañar entonces la gran cantidad de requerimientos de gobierno corporativo contenidos en el decreto 1235 de 2020, en su artículo 22 menciona que la S.A.S deberá tener una junta directiva conformad mínimo por 3 miembros principales donde podrían establecerse suplencias, de los cuales al menos uno debe ser independiente y, cuando la junta directiva se integre con más de 3 miembros principales, al menos el 25% deberá ser independiente; la compañía deberá contar con revisor fiscal quien será elegido por la Asamblea de Accionistas; deberá constituirse un comité de auditoría que se integrará por lo menos con 3 miembros de la junta directiva, incluyendo al independiente, quién será el presidente, comité que deberá reunirse por lo menos cada 3 meses.

 

A su vez, se deberá crear un programa de auditoria interno cuyo cumplimiento será revisado por el comité de auditoría y, finalmente, deberá tenerse en cuenta que los estados financieros deberán ser sometidos a consideración del comité de auditoría antes de ser presentados a consideración de la junta directiva y del máximo órgano social.

 

A todo lo anterior debe sumarse las autorizaciones exigidas por la Superintendencia Financiera y demás requisitos exigidos para la emisión de títulos de deuda en el segundo mercado.

 

Contrario a la naturaleza de la S.A.S. estos son requisitos que una gran cantidad de casos no suelen cumplir estas compañías pues, evidentemente son muy costos en dinero, así como en el tiempo, por ejemplo, contar con un comité de auditoría y una junta directiva que se integra por los mismos miembros que deben aprobar dos veces los mismos estados financieros, posiblemente teniendo que seguir todas las ritualidades exigidas para la celebración de una reunión de estos órganos.

 

Parece poco factible pensar que una S.A.S. sea capaz de generar todo el montaje de gobierno corporativo necesario en dos años, más aun partiendo de las dificultades económicas de las que se proviene, algo un poco contradictorio con la búsqueda de recuperación que se tiene con la norma.

 

Adicionalmente, es necesario sopesar que tan atractivo es para un inversionista este modelo de endeudamiento, primero, porque si bien son títulos de deuda, puede ser riesgoso acudir a este tipo de financiación en compañías tan flexibles como la S.A.S, segundo, por el tiempo máximo de financiación, 5 años posiblemente no permiten un verdadero endeudamiento a largo plazo que otorgue el retorno deseado por un inversionista. El punto quizás más atractivo es la protección por parte del Fondo Nacional de Garantías cuando se cumplan con ciertas condiciones, lo cual hace la inversión aún más segura.

 

Todo lo anterior, se ve justificado en la realidad en que, por ejemplo, pasado casi un año de la expedición del decreto 817, solo hasta el mes de mayo del presente año se autorizara por parte de la Superintendencia Financiera la inscripción automática en el Registro Nacional de Valores y Emisores (Rnve) de unos bonos ordinarios con garantía parcial a cargo de Inverfam S.A.S., dirigida al segundo mercado en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).3

 

La emisión de los bonos se realizará por $160.000 millones, con un valor nominal de cada bono por $1 millón. La inversión mínima será la equivalente al valor nominal de diez bonos, es decir, $10 millones. Los bonos tendrán un único plazo de vencimiento de tres años contados a partir de la fecha de emisión, respaldada por una garantía parcial independiente hasta por 70% del monto de la emisión, otorgada por el Fondo Nacional de Garantías (FNG), la cual podrá ejecutarse ante el incumplimiento en el pago de intereses remuneratorios.4

 

El futuro de la S.A.S. en el Mercado de Valores

 

El plazo es corto, pero ya hay movimientos que buscan consolidar a la S.A.S. en el Mercado Público de Valores colombiano, el Proyecto de Ley 413 de 2021 por la cual se dictarían normas relacionadas con el sistema de pagos y el mercado de capitales, contempla en su artículo 33.

 

“Modifíquese el artículo 4 de la Ley 1258 de 2008, el cual quedará así:

 

Artículo 4. La sociedad por acciones simplificada, podrá ser emisor de valores, para lo cual podrán inscribir sus valores en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) y negociarlos de en bolsas de valores, en los términos y condiciones que determine del Gobierno Nacional. Entre estas condiciones se consideran aspectos relacionados con los estatutos y con el gobierno corporativo de este tipo de sociedades.”

 

En este caso, por ejemplo, no se hace una limitación a valores de renta fija, sino que se dejaría abierto el espacio a la inclusión de títulos de renta variable (participación en el capital), a su vez, tampoco se limita su emisión y negociación en el segundo mercado, ni un plazo de financiación máximo.

 

Posiblemente, la posición reglamentaria que tome el gobierno nacional sea parecida a lo que se ha proyectado hoy con el decreto 817, pues los otros escenarios parecen bastante arriesgados y obligarían a imponer mayores restricciones que desdibujarían la esencia de una sociedad como la S.A.S., para aproximarse de nuevo a la Sociedad Anónima.

 

Será interesante ver cómo en el futuro se irá propiciando la apertura de este tipo de sociedades en el ordenamiento colombiano y que se constituyan en una alternativa viables de inversión y financiación para unos y otros.

    1. Superintendencia de Sociedades, Oficio 220-127317 dell 27 de octubre de 2009.
    2. Reyes Villamizar, Francisco. Derecho Societario, Cuarta Edición, Ed.Temis, Bogotá 2020.
    3. La República “Superfinanciera autorizó la emisión de bonos de Inverfam por $160.000 millones”, mayo 24 2021.
    4. Id.

Fuentes:

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1258_2008.html

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=127680

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=142006

https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/30178.pdf

https://www.larepublica.co/finanzas/superfinanciera-autorizo-la-inscripcion-y-emision-de-bonos-ordinarios-de-inverfam-3174859

http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/textos-radicados-senado/p-ley-2020-2021/2158-proyecto-de-ley-413-de-2021

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