Cuando una persona adquiere una vivienda, una empresa desarrolla un proyecto inmobiliario o una copropiedad administra una edificación, espera que esta conserve su estabilidad, funcionalidad y desempeño durante muchos años, sin embargo, todas las estructuras están expuestas a condiciones externas, que pueden modificar el desempeño de las edificaciones con el paso de tiempo, especialmente cuando se presentan fenómenos naturales, tales como: sismos, inundaciones, deslizamientos y avalanchas, tornados o huracanes y erupciones volcánicas; aunque estos eventos hacen parte de nuestro entorno y son inevitables, es posible reducir sus efectos mediante una adecuada gestión del riesgo y una adecuada evaluación técnica realizada en el momento oportuno.
En muchas ocasiones, las afectaciones provocadas por un evento natural no son evidentes inmediatamente, una estructura puede continuar en funcionamiento mientras internamente presenta cambios que comprometen su desempeño, como grietas o deformaciones, situaciones que generan incertidumbre entre propietarios, copropiedades, constructoras y aseguradoras, quienes necesitan conocer con certeza si el inmueble continúa siendo seguro o si requiere algún tipo de intervención; por esta razón, cada vez es más frecuente que estas personas recurran a especialistas en evaluación estructural y gestión de riesgos para conocer el estado real de sus edificaciones, en donde más allá de identificar un daño visible, estos análisis permiten comprender cómo respondió la estructura frente al evento natural, determinar las causas de las afectaciones y establecer las medidas más apropiadas para preservar la seguridad de las personas y proteger el valor del inmueble.
En Colombia una de las amenazas naturales que más impacto representa, son los sismos o terremotos debido a la ubicación geográfica, ya que allí convergen tres placas tectónicas (el movimiento de estas placas es el responsable de la creación de montañas, la actividad volcánica y la mayoría de terremotos del mundo); aunque las construcciones hoy en día se diseñan y construyen bajo criterios sismorresistentes (es decir, que la estructura sufra deformaciones y daños controlados pero sin colapsar totalmente, con el fin de garantizar la seguridad de las personas), la intensidad del sismo, las características del terreno y las modificaciones realizadas durante su vida útil, pueden influir en su desempeño y la resistencia de los elementos estructurales; una evaluación posterior a un movimiento sísmico permite verificar si la estructura mantiene las condiciones para continuar en servicio o si por el contrario requiere de alguna intervención especifica.
Así mismo, existen otros eventos de la naturaleza que pueden presentar afectaciones técnicas como: (i) las inundaciones, pueden deteriorar las cimentaciones, producen asentamientos y favorecen a la corrosión de los materiales; (ii) los deslizamientos, modifican la estabilidad del terreno y pueden ocasionar desplazamientos o inclinaciones de las construcciones; (iii) las avalanchas, son capaces de arrastrar edificaciones completas y alterar las condiciones del suelo; (iv) los huracanes y tornados, generan fuertes presiones de viento, lluvias intensas y tormentas eléctricas que ocasionan daños en fachadas, cubiertas, ventanería y elementos expuestos, en ocasiones puede destruir completamente una edificación y (v) las erupciones volcánicas, los flujos de lodos, caída de ceniza y materiales volcánicos pueden afectar la estabilidad y las cubiertas de las estructuras, sin embargo, la lava volcánica puede destruir totalmente edificaciones o los flujos de lodos pueden generar grandes avalanchas causando destrucciones masivas; aunque la magnitud de estos eventos no puede predecirse, ni controlarse, si es posible reducir sus consecuencias cuando se conocen las amenazas presentes y se implementan medidas preventivas acordes con las características de la edificación.
En la historia reciente de Colombia se hace visible que estos riesgos no son hipotéticos, eventos como: la tragedia de Armero en 1985 evidenció cómo una erupción del Nevado del Ruiz desencadenó una avalancha de lodos y escombros que sepultó gran parte del municipio y dejó miles de víctimas, convirtiéndose en uno de los mayores desastres naturales del país; el terremoto del Eje Cafetero en 1999 ocasionó el colapso y graves daños en cientos de edificaciones, generando pérdidas humanas y económicas; la avalancha de Mocoa en 2017 volvió a recordar el impacto que pueden tener los movimientos en masa y las crecientes súbitas sobre la infraestructura urbana, y el huracán Iota en 2020 causó una destrucción sin precedentes en las islas de Providencia y Santa Catalina, afectando aproximadamente el 98% de infraestructuras como viviendas, edificaciones públicas y redes de servicios; todos estos sucesos demuestran que ningún tipo de infraestructura está completamente exento de las amenazas naturales y que la diferencia entre una estructura resiliente y una vulnerable radica, en gran medida, en el cumplimiento de la normatividad, la planificación, la prevención y una adecuada gestión del riesgo.
Es por esto que la gestión del riesgo estructural va mucho más allá de reaccionar después de una emergencia, ya que consiste en identificar oportunamente las amenazas que rodean una edificación, evaluar su vulnerabilidad y definir acciones que reduzcan la probabilidad de pérdidas tanto humanas como económicas, aspectos como: Inspecciones técnicas periódicas, estudios de vulnerabilidad, revisiones estructurales, evaluación de patologías constructivas, monitoreo de movimientos del terreno, mantenimiento preventivo y análisis posteriores a eventos naturales permiten conocer el estado real de la infraestructura y priorizar las intervenciones que realmente generan valor, además de proteger la vida de quienes ocupan el inmueble, estas evaluaciones contribuyen a disminuir costos de reparación, respaldar reclamaciones ante aseguradoras, facilitar procesos de mantenimiento y conservar el valor comercial de la propiedad durante toda su vida útil.
En Colombia, la gestión del riesgo cuenta con un sólido respaldo normativo, La NSR-10 (Norma Sismo Resistente), la cual establece los requisitos mínimos para el diseño y evaluación de edificaciones frente a cargas sísmicas y de viento, mientras que la Ley 1523 de 2012 promueve la identificación, reducción y manejo del riesgo de desastres en el territorio nacional; a estas normativas se suman estudios geotécnicos, análisis de amenaza y vulnerabilidad, planes de gestión del riesgo y demás herramientas técnicas que permiten tomar decisiones fundamentadas para proteger las construcciones frente a fenómenos naturales, sin embargo, cumplir con la normatividad representa solo el punto de partida, ya que cada proyecto requiere un análisis particular que considere sus condiciones estructurales, el entorno donde se encuentra y las amenazas específicas a las que está expuesto.
Nuestra firma, con amplia experiencia en la elaboración de dictámenes periciales, valoración de daños e investigación técnica, a través de inspecciones especializadas, revisión documental y metodologías de análisis e ingeniería aplicadas para cada caso, formulamos de manera independiente los informes periciales con fondo técnico y comprensibles para las partes, realizando un análisis y evaluación de viabilidad técnica y verificando el cumplimiento normativo permitiendo garantizar la calidad, precisión, claridad y el enfoque dirigido a dar respuestas claves a los proyectos de ingeniería.
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