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La falta de independencia, imparcialidad y objetividad del perito son algunos de los vicios que afectan el dictamen pericial

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Existe vicio o falencia en el contenido del informe pericial, en las conclusiones del mismo, o en las cualidades que debe ostentar el experto, si se comprueba la falta de independencia, imparcialidad y objetividad del perito.

De los vicios y falencias que afectan al perito y al dictamen pericial. 

 

Por vicio se entiende que es: “mala calidad, defecto o daño físico en las cosas”. La palabra falencia se ha definido como: “Engaño o error” (DRAE). 

 

Hay vicios y/o falencias en el informe pericial o en el dictamen pericial cuando se presenta mala calidad, defecto, engaño o error, o no se cumplen con las prescripciones que sobre el dictamen, su contenido, objeto y calidades hemos descrito. 

 

Puede existir vicio o falencia en el contenido del informe pericial, en las conclusiones dadas por el perito, o en las cualidades que debe ostentar el experto según la ley. 

 

La ley de forma taxativa no ha indicado cuáles pueden llegar a ser los vicios o falencias que se presentan en el dictamen pericial, pero de la regulación del medio probatorio y del auxiliar de la justicia que lo elabora, se pueden extraer estos fenómenos; así mismo, a través de los controles de la pericia se pueden identificar defectos o errores que constituyen vicio del mismo. 

 

Los tipos de vicios o falencias que vamos a enunciar en esta obra, son aquellos que consideramos, pueden llegar a presentarse en un informe pericial y por ende ser alegados o pedidos por las partes en contienda y/o determinados por el mismo juzgador, con el fin de: i) no tener en cuenta este medio de prueba para fallar, ii) para que se decrete otro dictamen, iii) se allegue uno “nuevo” por las partes si la ley procesal lo permite, o iv) se realicen las aclaraciones, adiciones o complementaciones necesarias, si es posible. 

Los vicios o falencias del dictamen pericial podríamos dividirlos en dos grandes grupos: i) los vicios o falencias del perito, y ii) los vicios o falencias del dictamen. 

 

Vicios o falencias del perito. 

 

De la ley procesal y sus mandatos se infieren los vicios o falencias del perito, los cuales podríamos enumerar, así:

 

  1. i) Falta de independencia, imparcialidad y objetividad del perito.
  2. ii) Falta de idoneidad. 

iii) Cambio infundado y sin motivación de la posición doctrinaria del perito.

  1. iv) Divergencia entre la real convicción del perito y las afirmaciones del mismo en el dictamen pericial.
  2. v) Títulos académicos no comprobables o requerimiento legal de licencia o tarjeta profesional.
  3. vi) Falta de experiencia o experticia del perito.

 

  1. I) “FALTA DE INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD Y OBJETIVIDAD DEL PERITO”:

 

Cada una de estas palabras contiene su propia noción frente al dictamen pericial e imponen al perito un actuar y unas cargas específicas, pues una cosa será lo que se exija al auxiliar de la justicia según la independencia y otra muy diferente lo que se le exija como objetividad; aunque estas palabras permean la función pericial desde dos ángulos: i) fungen como deberes del perito, y a su vez ii) son principios inherentes a la función pericial. 

 

Por independencia ha de entenderse que es la: “Cualidad o condición de independiente”, por su parte independiente significa: “Dicho de una persona: Que sostiene sus derechos u opiniones sin admitir intervención ajena” (DRAE) . 

 

Por su parte el término objetividad se entiende como: “Cualidad de objetivo”, mientras que objetivo es aquello: “Perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con independencia de la propia manera de pensar o de sentir” (DRAE). 

 

De otro lado, la imparcialidad se define como: “Falta de designio anticipado o de prevención en favor o en contra de alguien o algo, que permite juzgar o proceder con rectitud” (DRAE).

 

Del significado de las palabras, puede evidenciarse que las mismas llevan a una finalidad, que consiste en la autonomía del dictamen del auxiliar de la justicia respecto de la parte o de un interés o ideología propia que afecte la cosmovisión técnico, científica o artística del objeto. 

 

La independencia se encuentra ligada a las causales de inhabilidad e incompatibilidad que rigen a los auxiliares de la justicia, entre ellos los peritos; por ello, la falta de independencia constituye un vicio del dictamen que hará que el juzgador no tenga en cuenta este medio de prueba. El perito se torna dependiente cuando en su dictamen existe “intervención ajena” de cualquiera de los sujetos procesales, que hace que el auxiliar de la justicia no tenga o sostenga una idea propia admitiendo las ajenas. 

 

La objetividad como deber y principio de la experticia, le obliga y permite al perito estudiar el objeto sin prevenciones, prejuicios, intereses o ideologías meramente subjetivas, para arribar a unas conclusiones respecto del mismo, basado en criterios científicos, profesionales o artísticos, que son el resultado de métodos, exámenes, investigaciones y experimentos aceptados por la doctrina, sea esta pacífica o no.

 

Si bien desde el punto de vista filosófico, la objetividad es discutible en cuanto a su existencia, respecto del dictamen pericial, ésta puede evidenciarse en lo técnico de los métodos y afirmaciones del perito, y de lo ajustado que esté el experto a las teorías de las escuelas preponderantes o de la doctrina de la determinada ciencia, arte u oficio.

 

La imparcialidad en la prueba pericial, permite que el perito, proceda al estudio sin designios previos, aborde el objeto sub examine libre de direccionamientos o ideas preconcebidas; al perito no deben importarle las partes, tan solo los resultados de los exámenes, métodos, investigaciones y experimentos obtenidos del estudio del objeto, para luego plasmar las conclusiones que no tendrán como referencia a los sujetos procesales, sino a la ciencia, profesión, arte u oficio. 

 

El procedimiento ha dispuesto, que el perito hará su labor de manera objetiva e imparcial, de modo que si no lo hace, su dictamen tendrá un vicio o falencia que le hará perder eficacia probatoria; la orden establecida en la ley se evidencia en el artículo 235, inciso 1 del Código General del Proceso:

 

El perito desempeñará su labor con objetividad e imparcialidad, y deberá tener en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes”. 

 

Es importante resaltar, que el juez tiene pleno control sobre este medio probatorio (dictamen pericial), ya que no es su obligación decretarlo, como tampoco acogerse a sus conclusiones; precisamente su labor es verificar que el dictamen este acorde con los postulados legales y tenga sustento en la ciencia, arte, profesión u oficio en el que se desempeña el experto; apreciación que debe realizar el juez o árbitro por medio de las reglas de la “sana crítica” o “reglas de la experiencia”; pautas que consisten según la Corte Constitucional, en:

 

Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos, peritos, de inspección judicial, de confesión en los casos en que no es lisa y llana) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. 

 

“El juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. Esta manera de actuar no sería sana crítica, sino libre convicción. La sana crítica es la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento” ( Corte Constitucional, Sentencia C-202 de 2005). 

 

Se encontrará que un dictamen pericial tiene falencias o vicios por falta de independencia, objetividad e imparcialidad, que lo tornan inaceptable como prueba, cuando:

 

  1. El perito que brindó el informe pericial se encontraba dentro de una de las causales de exclusión de los auxiliares de la justicia, y por ende afectaba la independencia del sujeto; o cuando el perito evidencie en su informe que está impregnado de intervención de alguna de las partes o incluso del juez, o no sostenga una idea propia, tomando para su informe el querer de alguna de las partes, sin sustento o motivación científica, técnica o artística alguna (falta de independencia). 

 

  1. El auxiliar de la justicia realiza su labor e inserta en su informe opiniones subjetivas, sin sustento, motivación o soporte, que no obedecen a la práctica reconocida o a los resultados de los exámenes, métodos, investigaciones y experimentos realizados sobre el objeto, aceptados por la ciencia, profesión, arte u oficio (falta de objetividad). 

 

  1. El perito direccione los exámenes, métodos, investigaciones, experimentos y/o las conclusiones al favorecimiento de alguna de las partes; o el auxiliar de la justicia manifieste o se colija de su informe ideas preconcebidas, posiciones ideológicas o políticas que lo inclinen a arribar a sus conclusiones, no por el estudio del objeto, sino por su afinidad social, política o filosófica con alguna de las partes (falta de imparcialidad). 

 

  1. No hay vicio cuando el dictamen previo o de parte, presentado por demandante y demandado, es elaborado por el mismo perito. 

 

Quienes conocen el litigio, ya sea a través de la experiencia o por medio de la investigación, saben que en la vida cotidiana y en los despachos judiciales, pueden presentarse un sinfín de eventos, los cuales, pueden estar o no regulados en las normas. 

 

Si la ley es clara, precisa y además contiene el caso o evento previsto de manera abstracta, y la situación o caso que se presenta, se ajusta a la misma, no hay dificultad procesal alguna, toda vez que la estructura normativa se encuentra dirigida a reglar tal evento (Código Civil: Artículos 27, 28, 29 y 30), y existe una solución legal.  

 

Ahora, si la ley no determina o tipifica con claridad un hecho o evento, y este se produce en la realidad, se debe recurrir a la hermenéutica legal, a “la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho” , que según la Ley 153 de 1887, su artículo 8 reza:  “Cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho”; es decir, de no ser posible resolver el problema jurídico planteado, debe acudirse a los derechos fundamentales y principios constitucionales.  

 

En nuestro caso, es de resaltar, que en la práctica y durante la vigencia del Código de Procedimiento Civil, no era de uso, el dictamen de parte, fenómeno que hacía que los autores al medio probatorio lo denominarán: “sistema del perito judicial”, y exponían las falencias que tenía este sistema en la praxis, para la parte (Del Dictamen Judicial al Dictamen de Parte, Martín Bermúdez Muñoz, página 2).

 

El juez, por su parte, era quien decretaba este medio probatorio y elegía de la lista de auxiliares de la justicia el experto que iba a realizar el informe pericial (Código de Procedimiento Civil, artículo 236); no siempre con tino, y en muchos de los casos sin cumplir con las expectativas que sobre la prueba tenía la parte.  

 

Con las regulaciones procesales actuales se concibe el dictamen, como un verdadero medio de prueba, pues es la parte quien podrá elegir el sujeto que elaborará el informe pericial (Código General del Proceso, artículo 227), experto que por medio de su pericia brindará a los apoderados los datos objetivos y cuantificación de los daños, para unas pretensiones o excepciones sólidas y sustentadas; sin perjuicio, de que el juez pueda decretar un dictamen de manera oficiosa (Código General del Proceso, artículo 230), a fin de lograr mayores fundamentos para su pleno convencimiento.   

 

La reglamentación actual (CGP) dejó por fuera el evento, en el cual, las partes podrían optar por designar el mismo auxiliar de la justicia o perito de parte; en este caso, el mismo experto dictamina sobre aspectos que pueden ser sustento tanto de las pretensiones, como de las excepciones. 

 

Algunos podrían decir que existe un claro ejemplo de conflicto de intereses, dado que el perito no tendría la suficiente independencia, imparcialidad y objetividad a la hora de elaborar los informes, o que se estaría en presencia de un cambio infundado y sin motivación de la posición doctrinaria, que traería como consecuencia que se vicie el dictamen, lo cual no es cierto por las razones que pasamos a exponer. 

 

De ocurrir lo dicho en la práctica, la falta de regulación daría pie a que se deba acudir a “las leyes que regulen casos o materias semejantes”, según lo pregona el artículo 8 de la Ley 157 de 1887. Lo que hace que se deba traer a colación, las causales de exclusión previstas para los auxiliares de la justicia, contenidas en las normas procesales, para saber si tal evento fue prohibido, o si por el contrario, no fue reglado, caso en el cual, le será permitido a las partes. 

 

El Código General del Proceso, en el artículo 50 dispuso los eventos de exclusión de los auxiliares de la justicia, entre los cuales califican los peritos:  

 

Artículo 50. Exclusión de la lista. El Consejo Superior de la Judicatura excluirá de las listas de auxiliares de la justicia:

 

  1. A quienes por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por la comisión de delitos contra la administración de justicia o la Administración Pública o sancionados por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o sus Seccionales.

 

  1. A quienes se les haya suspendido o cancelado la matrícula o licencia.

 

  1. A quienes hayan entrado a ejercer un cargo oficial.

 

  1. A quienes hayan fallecido o se incapaciten física o mentalmente.

 

  1. A quienes se ausenten definitivamente del respectivo distrito judicial.

 

  1. A las personas jurídicas que se disuelvan.

 

  1. A quienes como secuestres, liquidadores o administradores de bienes, no hayan rendido oportunamente cuenta de su gestión, o depositado los dineros habidos a órdenes del despacho judicial, o cubierto el saldo a su cargo, o reintegrado los bienes que se le confiaron, o los hayan utilizado en provecho propio o de terceros, o se les halle responsables de administración negligente.

 

  1. A quienes no hayan realizado a cabalidad la actividad encomendada o no hayan cumplido con el encargo en el término otorgado.

 

  1. A quienes sin causa justificada rehusaren la aceptación del cargo o no asistieren a la diligencia para la que fueron designados.

 

  1. A quienes hayan convenido, solicitado o recibido indebidamente retribución de alguna de las partes.

 

  1. A los secuestres cuya garantía de cumplimiento hubiere vencido y no la hubieren renovado oportunamente.

 

En los casos previstos en los numerales 7 y 10, una vez establecido el hecho determinante de la exclusión, el juez de conocimiento lo comunicará al Consejo Superior de la Judicatura, que podrá imponer sanciones de hasta veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv). Lo mismo deberá hacer en los casos de los numerales 8 y 9, si dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término o a la fecha de la diligencia el auxiliar no demuestra fuerza mayor o caso fortuito que le haya impedido el cumplimiento de su deber. Esta regla se aplicará a las personas jurídicas cuyos administradores o delegados incurran en las causales de los numerales 7, 8, 9 y 10.

 

Parágrafo 1°.

Las personas jurídicas no podrán actuar como auxiliares de la justicia por conducto de personas que hayan incurrido en las causales de exclusión previstas en este artículo.

 

Parágrafo 2°.

Siempre que un secuestre sea excluido de la lista se entenderá relevado del cargo en todos los procesos en que haya sido designado y deberá proceder inmediatamente a hacer entrega de los bienes que se le hayan confiado. El incumplimiento de este deber se sancionará con multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) en cada proceso. Esta regla también se aplicará cuando habiendo terminado las funciones del secuestre, este se abstenga de entregar los bienes que se le hubieren confiado.

En los eventos previstos en este parágrafo el juez procederá, a solicitud de interesado, a realizar la entrega de bienes a quien corresponda.

 

Parágrafo 3°.

No podrá ser designada como perito la persona que haya incurrido en alguna de las causales de exclusión previstas en este artículo”. 

 

De otro lado, la Ley 1437 de 2011, norma que regula el procedimiento administrativo, indicó en el inciso 3 del artículo 219:

 

Son causales de impedimento para actuar como perito que darán lugar a tacharlo mediante el procedimiento establecido para los testigos, las siguientes:

 

  1. Ser cónyuge, compañera o compañero permanente o tener vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con el funcionario que conozca del proceso, los empleados del despacho, las partes o apoderados que actúen en él, y con las personas que intervinieron en la elección de aquel.

 

  1. 2. Tener interés, directo o indirecto, en la gestión o decisión objeto del proceso, distinto del derivado de la relación contractual establecida con la parte para quien rinde el dictamen.

 

  1. Encontrarse dentro de las causales de exclusión indicadas en el Acuerdo número 1518 de 2002 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura o la norma que lo sustituya, de las cuales no será aplicable la establecida en el numeral segundo relativa al domicilio del perito.

 

  1. Cualquier otra circunstancia que evidencie su falta de idoneidad profesional.

 

La configuración de cualquiera de las anteriores causales de impedimento, dará lugar a la tacha del perito.

 

Cuando el dictamen pericial sea aportado por las partes, la tacha deberá ser formulada antes de la realización de la audiencia siguiente a la aportación del dictamen y se decidirá en esta.

 

Cuando se trate de la tacha de peritos designados por el juez, se seguirá el trámite establecido por el Código de Procedimiento Civil”.

 

De la lectura de las normas anteriores, se puede extraer, que no existe una prohibición, la cual debe ser taxativa, acerca de quien no pueda fungir como perito, ya sea de la parte demandante, como de la parte demandada, en un mismo proceso; caso en el cual, se le permite a esté, ejercer su labor para ambos sujetos; es decir, no existe prohibición para que un experto sea perito, a su vez, del demandante y del demandado. 

 

Pero no solo por la “no prohibición”, creemos que es posible que el experto sea perito común de las partes; de las características y contenido del dictamen, y las calidades del perito para realizar el dictamen, se desprende que este puede ser perito de ambas partes, ya que debe ser imparcial, objetivo e independiente.  

 

El dictamen debe tener como características y contenido: i) el sustento documental y metodológico correspondiente del informe, ii) el objeto a evaluar, debe encontrarse delimitado y precisado en el mismo, y iii) el dictamen debe informar el método o la doctrina que se sigue al interior de la ciencia, arte, profesión u oficio que profesa el experto. Estas características que debe contener el dictamen, hacen que cuando el perito lo sea de las partes en pugna, exista menor confrontación sobre estos aspectos, toda vez que el demandante o el demandado confían en los sustentos, métodos, evaluaciones y doctrina que sigue el perito y por ello lo contrataron. 

 

Las normas procesales establecen que el perito debe ser independiente, imparcial, objetivo, idóneo y mantenerse acorde con la posición doctrinaria que despliega en su trabajo, en sus obras y/o en sus anteriores dictámenes, ser coherente con su convicción profesional y las afirmaciones hechas en el informe pericial, acreditar los títulos académicos, cuando sea el caso, y además, garantizar y certificar la experiencia en la ciencia, arte, profesión u oficio. Calidades del perito que en vez de viciarse, se ratificarían de manera tácita por las partes, al elegir como experto a la misma persona. 

 

Más que desventajas o fallas, con la ocurrencia de tal evento, se traería celeridad al proceso, mayor confianza y lealtad procesal, por consiguiente, lo beneficiaría. Ello se sustenta en que: 

 

  1. i) Ninguna de las partes debería discutir o cuestionar las calidades del perito; pues demandante y demandado, de antemano y antes de la contratación del mismo, revisaron los requisitos necesarios para que el perito pudiese sustentar sus pretensiones o excepciones; lo anterior, sin perjuicio de que el juez analizadas las calidades del perito entienda que este no reúne los suficientes atributos para la prueba pericial requerida en el proceso. 

 

Lo dicho hace que se excluya, cualquier discusión acerca de las calidades del sujeto que elaborará o elaboró el dictamen pericial, y por ende, no se entendería el alegato de alguna de las partes que pretenda imputar vicios o falencias del perito respecto de sus calidades, en el proceso, a menos que está haya sido engañada o el perito haya falseado sus calidades. 

 

  1. ii) La parte demandada, dado los términos que tiene para aportar la contestación de la demanda o de la reconvención, puede optar por que sea el mismo perito, quien elabore el dictamen pericial requerido para sustentar sus excepciones. 

 

Ello se explica, porque en ocasiones, el trabajo pericial puede tener una magnitud considerable, caso en el cual, la parte demandante tuvo el tiempo necesario para prepararlo y elegir el experto; pero la parte demandada, se encuentra sorprendida por el acaecimiento de lo anterior, y el término para aportar su dictamen podría ser muy corto; en tal evento, optar porque sea el mismo perito quien elaboré o dictamine lo necesario para sus excepciones podría ser prudente, pues esté, además de conocer de antemano el caso, cuenta con los conocimientos requeridos y se la hará más fácil y rápida la labor.

 

Es posible también, que no existan más expertos con la misma experiencia, reconocimiento, prestancia y suficiencia académica, científica, artística, técnica o profesional, lo que pondría en desventaja un dictamen frente al otro.

 

Debemos hacer claridad respecto del contenido de los dictámenes, ya que aunque estos, sean elaborados por el mismo perito, no significa que el demandante o el demandado no lo puedan controvertir, ya sea por asuntos científicos, técnicos o artísticos, o por fallas en los exámenes o experimentos, dado que el error es posible; así mismo, se le podrá solicitar al perito que amplíe, adicione, complemente y explique en el momento procesal pertinente. 

 

El juez a su vez de oficio, podrá pedirle al mismo perito que dictamine sobre asuntos del proceso, o aclare, adicione, complemente o amplíe alguno de sus informes periciales; también podrá designar otro perito para que dictamine sobre los asuntos dudosos o controvertidos, en búsqueda de la “verdad procesal”. 

 

  1. Haberse fundado la sentencia en dictamen de perito condenado penalmente. 

 

Existe un vicio o falencia del perito que solo es visible en el futuro, una vez se haya adelantado un juicio de carácter penal en contra del perito, por este haber incurrido en una conducta típica en la realización y sustentación del dictamen pericial, se trata de una de las causales del recurso extraordinario de revisión.  

 

El Código General del Proceso, artículo 355, en su numeral 4, dispone:

 

“Causales.

 

Son causales de revisión:

 

(…)

 

  1. Haberse fundado la sentencia en dictamen de perito condenado penalmente por ilícitos cometidos en la producción de dicha prueba.”

 

El Código de Procedimiento Civil en el artículo 380, numeral 4, ya había reglado este mismo evento .

 

La Corte Constitucional sobre esta causal del recurso revisión, ha expresado: 

 

Como cuarta causal está la de:

 

«Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en la producción de dicha prueba.»

 

En relación con esta causal cabe formular comentarios análogos a los expresados respecto de las causales 2a. y 3a., pues en ella no se vislumbran aspectos correspondientes a la nulidad del artículo 29 de la Constitución, toda vez que se trata sólo del desconocimiento del mérito probatorio de dictámenes periciales que faltan a la verdad por dolo de sus autores.” 

 

En la misma sentencia, expresa la Alta Corporación:

 

“La segunda causal de revisión tiene operancia en los siguientes términos:

 

«Haberse declarado falsos por la justicia penal documentos que fueren decisivos para el pronunciamiento de la sentencia recurrida.»

 

Lo que aquí importa a la ley es que la declaración de falsedad recaiga material, intrínsecamente, sobre los documentos en los que reposa la sentencia recurrida, bajo el entendido de que ingresaron al expediente sin violación del debido proceso. Los vicios que la prueba tenga desde el punto de vista de su ingreso al proceso, no importan para los efectos de la revisión, pues el interesado, con arreglo a los medios de defensa ordinarios (que para este particular se reducen al respectivo incidente de nulidad), contó con la oportunidad procesal para discutirlos. Interpretada así la causal, es claro que tampoco se refiere a lo previsto por la nulidad del artículo 29.

 

La tercera causal de revisión es la de:

 

«Haberse basado la sentencia en declaraciones de personas que fueron condenadas por falso testimonio en razón de ellas.»

 

El texto citado no se ocupa de fallas adjetivas en cuanto a la práctica de declaraciones de personas. No. Por el contrario, da la posibilidad de controvertir sentencias ejecutoriadas con base en la demostración de que están fundadas en falsas declaraciones, siempre y cuando sus autores, respecto de ellas, estén penalmente condenados por falso testimonio. Como el caso que antecede, las fallas en la obtención de la prueba no son de recibo en el recurso extraordinario de revisión, porque pudieron ser denunciadas a través de los medios ordinarios de defensa que todo proceso prevé.” 

 

La prueba se encuentra viciada entonces tras la falsedad y el delito respecto de los testimonios, los documentos y el dictamen pericial, lo que posibilita el recurso extraordinario de revisión, siendo los delitos cometidos por el perito en la producción de la experticia vicio suficiente.

 

Fuente: “Tratado de los Dictámenes Periciales, Instituciones jurídicas, Económicas, Financieras, Contables y Tributarias. Aplicable al procedimiento Administrativo, Penal, Arbitral y general”, César Mauricio Ochoa Pérez. (Libro Naranja)

Tratado de los Dictámenes Periciales

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