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OFICIO 2024-01-076003 DE 26 DE MARZO DE 2024 (26/03/2024) de la Superintendencia de Sociedades)

En el presente oficio la Superintendencia de Sociedades se pronuncia sobre el artículo 26 de la Ley 1116 de 2006, en relación con las acreencias no relacionadas por el deudor o el promotor en el proceso de insolvencia de persona natural comerciante.
La consulta plantea dos interrogantes:
1. Cuando en el proceso de insolvencia el mismo comerciante insolvente es el administrador de sus negocios, si el acreedor excluido puede repetir solidariamente contra él por los perjuicios causados.
2. Cuál es el medio judicial que tiene el acreedor excluido para reclamar judicialmente contra el administrador (que es la misma persona natural comerciante insolvente) y el promotor asignado, y a través de qué proceso judicial.
La Superintendencia responde lo siguiente:
1. El artículo 26 de la Ley 1116 de 2006 es aplicable tanto a personas jurídicas como a personas naturales comerciantes. Si las acreencias no fueron relacionadas a sabiendas y no están registradas en la contabilidad, el acreedor puede perseguir solidariamente a los administradores, contadores y revisores fiscales por los daños ocasionados.
2. Sobre el medio judicial y el proceso a seguir contra el administrador y el promotor, la Superintendencia se abstiene de pronunciarse, sugiriendo consultar a un profesional del derecho ajeno a la entidad, ya que es un asunto que debe resolverse en sede judicial.
Finalmente, la interpretación de la Superintendencia de Sociedades, el artículo 26 de la Ley 1116 de 2006 se aplica a personas naturales comerciantes en insolvencia. Si las acreencias no fueron relacionadas intencionalmente y no están en la contabilidad, el acreedor puede perseguir solidariamente a los administradores, contadores y revisores fiscales por los perjuicios causados. Sin embargo, la entidad no se pronuncia sobre el medio judicial ni el proceso a seguir contra el administrador y el promotor, sugiriendo consultar a un abogado externo.

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OFICIO 220- 279392 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 (10/11/2023) de la Superintendencia de Sociedades

En el presente oficio la Superintendencia de Sociedades se pronuncia sobre la posibilidad de que una sucursal de una sociedad extranjera modifique su resolución de incorporación para crear un comité directivo local, si este comité podría tomar decisiones delegadas por la casa matriz y si podría aprobar los programas de cumplimiento (PTEE y SAGRILAFT) y designar al Oficial de Cumplimiento.
La Superintendencia señala que, si bien las sucursales no tienen personería jurídica propia, son una extensión de la casa matriz y están sujetas a sus decisiones. Por lo tanto:
1. La casa matriz tiene la facultad de modificar la resolución de incorporación de la sucursal y ordenar la creación de un comité directivo local.
2. Este comité local puede ser facultado por la casa matriz para ejercer funciones específicas de gestión de la sucursal, dentro de los límites establecidos.
3. Sin embargo, la aprobación de los programas de cumplimiento y la designación del Oficial de Cumplimiento son prerrogativas de la junta directiva o el máximo órgano social de la casa matriz, y no pueden ser delegadas al comité directivo local.
Conclusión: La casa matriz tiene la potestad de modificar la resolución de incorporación de la sucursal y crear un comité directivo local con funciones delimitadas, pero la aprobación de programas de cumplimiento y la designación del Oficial de Cumplimiento recaen exclusivamente en la casa matriz.

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OFICIO 2024-01-077592 DE 26 DE MARZO DE 2024 (26/03/2024) de la Superintendencia de Sociedades)

En el presente oficio la Superintendencia de Sociedades se pronuncia sobre dos aspectos relacionados con las funciones de las juntas directivas de las cámaras de comercio, conforme al artículo 7 de la Ley 1727 de 2014:
1. Precisión del significado de «coadministración» en el desarrollo de las funciones de la junta directiva.
La Superintendencia comparte el concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio, entendiendo «coadministrar» como el ejercicio de funciones relativas a la administración (dirigir, ordenar, disponer, organizar) por parte de la junta directiva, sin intervenir en las funciones propias del administrador (presidente ejecutivo).
2. Límites de los miembros de las juntas directivas en el ejercicio de sus funciones de dirección, control y seguimiento.
Los límites están dados por el catálogo de funciones previstas en la normatividad, los estatutos y especialmente por el artículo 7 de la Ley 1727 de 2014, según el cual la junta directiva «se abstendrá de coadministrar o intervenir en la gestión y en los asuntos particulares de su ordinaria administración, por fuera de sus competencias legales y estatutarias».
Finalmente, en la interpretación de la Superintendencia de Sociedades, el concepto «coadministrar» se entiende como el ejercicio de funciones administrativas por parte de la junta directiva, sin interferir en las funciones propias del administrador (presidente ejecutivo). Los límites de las competencias de la junta directiva están dados por las funciones legales y estatutarias, y principalmente por la prohibición del artículo 7 de la Ley 1727 de 2014 de intervenir en la gestión ordinaria y asuntos particulares que excedan sus competencias.

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OFICIO 2024-01-083305 DE 26 DE MARZO DE 2024 (26/03/2024) de la Superintendencia de Sociedades)

En el presente oficio la Superintendencia de Sociedades se pronuncia sobre el artículo 16 de la Ley 1258 de 2008, que trata sobre el cambio de control en la sociedad accionista de una Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S).
La consulta plantea dos interrogantes:
1. Si ante la transferencia de acciones de una sociedad accionista a un tercero en una S.A.S., se aplica lo establecido en el artículo 16 sobre el cambio de control, a pesar de que ya no exista derecho de preferencia.
2. Si la nueva sociedad accionista (tercero) no informa su composición accionaria y/o situación de control, si la asamblea de la S.A.S. puede excluir a ese tercero por desconocer su situación de control.
La Superintendencia responde:
1. La obligación de informar el cambio de control es independiente del derecho de preferencia, por lo que se aplica lo establecido en el artículo 16, aun cuando ya no exista derecho de preferencia.
2. La asamblea de la S.A.S. puede excluir a la nueva sociedad accionista (tercero) si ésta no informa sobre el cambio de control, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 1258 de 2008.
Finalmente, según la interpretación de la Superintendencia de Sociedades, ante una transferencia de acciones que implique un cambio de control en una sociedad accionista de una S.A.S., se aplica lo establecido en el artículo 16 de la Ley 1258 de 2008, independientemente de la existencia de un derecho de preferencia. Además, si la nueva sociedad accionista no informa sobre el cambio de control, la asamblea de la S.A.S. puede excluirla como socia, conforme a las disposiciones de dicho artículo.

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Concepto número 154 del 05 de marzo de 2024 (05/03/2024) de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN

La Administración de Impuestos se ha pronunciado con respecto al Régimen Simple de Tributación, enfatizando el requisito especial establecido en el inciso 2° del numeral 2º del artículo 905 del Estatuto Tributario. Este requisito se aplica a las personas que prestan servicios profesionales de consultoría y científicos, en los cuales predomina el factor intelectual sobre el material, incluyendo los servicios de profesiones liberales. Como resultado, estas personas ya no están sujetas a tener ingresos brutos, ordinarios o extraordinarios inferiores a 12.000 UVT, sino que deben cumplir con la regla general de tener ingresos brutos, ordinarios o extraordinarios inferiores a 100.000 UVT.

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OFICIO 220-040285 DE 29 DE FEBRERO DE 2024 (29/02/2024) de la Superintendencia de Sociedades

La Superintendencia de Sociedades se pronuncia sobre los efectos jurídicos del voto en blanco en una asamblea de accionistas de una sociedad anónima, y como afecta el quórum y el resultado de la votación cuando algunos accionistas emiten su voto en blanco o simplemente introducen una papeleta en blanco en la urna sin expresar su preferencia.
En ese sentido, afirma la Superintendencia que el quórum deliberatorio, necesario para instalar la reunión y discutir el orden del día, se cumple con la presencia de los socios o accionistas. Sin embargo, el voto en blanco adquiere relevancia en el quórum decisorio, mas no en el deliberatorio, es decir, en la toma de decisiones. Se explica que aunque el voto en blanco no se suma ni al voto afirmativo ni al negativo, puede evitar que se alcance la mayoría requerida para adoptar una decisión según lo establecido en la ley. Esto significa que, si un porcentaje mínimo de votos afirmativos es necesario para aprobar una decisión, el voto en blanco podría evitar que se alcance ese porcentaje, incluso si no cuenta como voto en contra.

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OFICIO 220-036750 DE 27 DE FEBRERO DE 2024 (27/02/2024) de la Superintendencia de Sociedades

El texto proporcionado trata sobre la aplicación del Capítulo XV de la Circular Básica jurídica externa 100-000010 de noviembre 21 de 2023. Este capítulo establece recomendaciones dirigidas a entidades empresariales bajo vigilancia o control de la Superintendencia de Sociedades, con ingresos totales o activos iguales o superiores a cuarenta mil SMLMV al 31 de diciembre del año anterior, así como a aquellas que cumplen ciertos requisitos en sectores específicos. El texto enfatiza que estas recomendaciones son facultativas para las entidades supervisadas, pero cualquier sociedad comercial puede adoptarlas voluntariamente, lo que se considera una buena práctica empresarial y contribuye al desarrollo sostenible del país. Se destaca la importancia de que el sector empresarial adopte prácticas que consideren no solo el aspecto económico, sino también el social y ambiental.

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