En la práctica del peritaje técnico en ingeniería civil hay un hallazgo recurrente, muchas controversias no nacen de una falla constructiva, sino de un presupuesto que nunca reflejó la realidad económica del proyecto y en el que las partes no discuten sobre alguna falencia en la ejecución; discuten porque los números con los que se firmó el contrato dejaron de ser ciertos al poco tiempo de iniciar la ejecución.
Una de las variables que más ilustra este fenómeno en Colombia es el salario mínimo. Su ajuste anual no es un dato macroeconómico lejano; es un detonante directo en la estructura de costos de cualquier obra. Para 2026, el incremento del salario mínimo fue cercano al 23,7%, pasando de $1.423.500 a $1.750.905 mensuales, una variación muy superior a la inflación proyectada del país. Cuando un presupuesto se construye sin considerar escenarios de variación salarial significativa, el desfase se traslada inmediatamente al flujo del proyecto.
La mano de obra representa aproximadamente entre el 20% y el 25% del costo total de una obra, y un incremento de dos dígitos en este rubro tiene una incidencia directa sobre el costo final de los proyectos; el impacto no se queda allí, se produce una cascada. Los transportes de material, cemento, acero y agregados también presentan incidencia por el salario mínimo, generando a su vez incremento en esto costos; los proveedores de insumos, a su vez, suben precios porque sus propios costos laborales aumentan. Un presupuesto que no contempla esta cadena de transmisión queda desactualizado antes de empezar la obra.
Cuando ese desfase llega a un proceso pericial, el dictamen no parte del conflicto, sino del presupuesto. El perito debe analizar: cómo se estructuraron los Análisis de Precios Unitarios (APU), qué factor prestacional se aplicó, qué supuestos se asumieron para la mano de obra, qué condiciones de reajuste se pactaron y qué riesgos económicos se asignaron a cada parte. Si el presupuesto no documenta esos supuestos con claridad, la reclamación pierde soporte técnico, no por ausencia de daño, sino por ausencia de evidencia cuantificable.
Aquí aparece una idea que es importante destacar, el presupuesto no es un anexo del contrato, es parte del contrato. Es el documento que materializa cómo se distribuyeron los riesgos económicos del proyecto. Un APU mal calculado, un AIU subestimado o la falta de una fórmula de reajuste no son errores menores; son omisiones que, se traducen en parámetros que deben demostrar técnicamente el sobrecosto reclamado.
Existe una tendencia en los equipos de proyecto a tratar el presupuesto como un ejercicio de cierre comercial, no como una pieza técnica de gestión de riesgos. Esa percepción es costosa. Cada hora invertida en estructurar APU realistas, prever escenarios de variación salarial, definir mecanismos de reajuste y dejar trazabilidad documental, se traduce en respaldo técnico cuando hay que reclamar. No es trabajo administrativo; es construcción anticipada de evidencia pericial.
Antes de firmar un presupuesto, conviene que el contrato responda con precisión tres preguntas: ¿qué variables económicas (salario mínimo, IPC, ICCV) se reconocen como factores de ajuste?, ¿bajo qué mecanismo se actualizan los precios unitarios durante la ejecución?, y ¿qué soportes documentales se exigirán para acreditar sobrecostos? Si esas respuestas no están en el contrato, generarán retos mayores cuando se necesiten en el dictamen.
