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El beneficiario final en la debida diligencia

OCH Blog El beneficiario final en la debida diligencia

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La Ley 2195 del 2022, tiene por objeto adoptar medidas para prevenir los actos de corrupción, en este caso se regula el proceso de debida diligencia que debe realizarse cuando la sociedad tenga la obligación de informar a los beneficiarios finales en el sistema de Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB) que será administrado por la DIAN.

Autor: Maria Camila Mejia Muñoz – Junior Derecho Comercial

Recientemente, el Congreso de la República aprobó el 18 de enero la Ley 2195 de 2022, conocida como la ley de transparencia y lucha contra la anticorrupción, esta ley rige a partir de su promulgación. El contenido de esta ley afecta directamente a las empresas en tanto las involucra y las responsabiliza en la lucha contra la corrupción.

Dentro del artículo 2 de la referida ley se conceptualiza la responsabilidad administrativa sancionatoria contra personas jurídicas y sucursales de sociedades extranjeras, de manera independientemente sobre las responsabilidades penales individuales y las medidas contempladas en el artículo 91 de la Ley 906 de 2004, se aplicará un régimen de responsabilidad administrativa sancionatoria a las personas jurídicas sucursales de sociedades extranjeras, a las personas jurídicas que integren uniones temporales o consorcios, a las empresas industriales y comerciales del Estado y empresas de economía mixta y a las entidades sin ánimo de lucro, domiciliadas en Colombia cuando se cumplan unos supuestos que contempla la ley.

El capítulo III concerniente a los beneficiarios finales, regula el principio de debida diligencia o due diligence, estableciendo que toda Entidad del Estado y la persona natural, persona jurídica o estructura sin personería jurídica o similar, que tenga la obligación de implementar un sistema de prevención, gestión o administración del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas o que tengan la obligación de entregar información RUB, debe llevar a cabo medidas de debida diligencia que permitan entre otras finalidades identificar el o los beneficiario(s) final (es).

De este modo, la norma define un alcance mayor a referirse a los beneficiarios finales de las estructuras sin personería jurídica; como lo son: consorcios, patrimonios autónomos, uniones temporales, contratos de colaboración empresarial, es decir, se define que todas las personas naturales que hagan parte de esta serán consideradas beneficiarios finales y en caso de existir beneficiarios condicionados se deben reportar igualmente.

Se establecen varias obligaciones como por ejemplo, realizar una debida diligencia de manera continua del negocio jurídico o el contrato estatal donde se examine las transacciones llevadas a cabo a lo largo de esa relación, así como obtener la información de su actividad comercial, perfil de riesgo y fuente de los fondos, así como el deber de conservar la información obtenida en aplicación del principio de debida diligencia durante el tiempo que dure el negocio jurídico, contrato estatal o transacción ocasional, y al menos durante los 5 años siguientes contados a partir del 1 de enero del año siguiente en que se dé por terminado.

El objetivo del proceso de debida diligencia es conocer los beneficiarios finales de las contrataciones, puesto que las entidades que ejerzan funciones de inspección, vigilancia y control, o tengan facultades de investigación fiscal o disciplinaria en relación contra el lavado de activos, financiación del terrorismos, soborno transnacional, conglomerados e intervención por captación no autorizada tendrán acceso al RUB. El incumplimiento del principio de debida diligencia y conservación y actualización de la información será sancionado por cada autoridad, atendiendo sus correspondientes regímenes sancionatorios.

Finalmente, para la debida aplicación de los preceptos de esta ley, se debe observar en concordancia con la Resolución 164 del 27 de diciembre de 2021, expedida por la DIAN donde se sintetizó el alcance, las obligaciones y los criterios para la identificación de los beneficiarios finales de una persona jurídica o de una estructura sin personería jurídica o similar.

 

Fuente: Ley 2195 del 2018

 

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