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Dictamen Pericial sobre daños patrimoniales y extrapatrimoniales

OCH Blog Dictamen Pericial sobre daños patrimoniales y extrapatrimoniales

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El informe pericial de daños patrimoniales y extrapatrimoniales es el informe realizado por un experto técnico, económico, financiero y/o contable, con el que se busca acreditar la existencia, clasificación y cuantificación del daño, sus causas, y la forma de indemnización.
El concepto de “daño” en materia jurídica guarda una estrecha relación con el concepto “responsabilidad”, bien sea en materia civil, penal o administrativa.

 

El profesor Javier Tamayo Jaramillo, en su “Tratado de la responsabilidad civil” indica, acerca del daño:

 

“Por daño civilmente indemnizable entendemos el menoscabo de las facultades jurídicas que tiene una persona para disfrutar un bien patrimonial o extrapatrimonial. Ese daño es indemnizable cuando en forma ilícita es causado por alguien diferente de la víctima.

Los daños pueden ser patrimoniales o extrapatrimoniales. Los primeros son el atentado al patrimonio económico de la víctima, mientras que los segundos están referidos a la lesión de bienes protegidos por el orden jurídico, pero que no tiene valor pecuniario”

 

De la definición citada, se desprenden dos elementos importantes, a saber, la definición de lo que se entiende por daño civilmente indemnizable y la clasificación de estos en patrimoniales o extrapatrimoniales.

 

El doctrinante Gilberto Martínez Rave indica en su libro “Responsabilidad civil extracontractual”, lo siguiente:

 

“se entiende por tales los que afectan el patrimonio económico de las personas, los que modifican la situación pecuniaria del perjudicado. Por eso se conocen también como perjuicios patrimoniales, en oposición a los perjuicios morales que afectan los aspectos emocionales, psicológicos, o afectivos de la persona”

 

Los daños patrimoniales, de conformidad con lo establecido por el Código Civil, se materializan en dos tipos de perjuicios:

 

“Artículo 1614. Daño emergente y lucro cesante

Entiéndese por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento”

 

Por su parte, el profesor Juan Carlos Henao Pérez, en el texto “El Daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en Derecho colombiano y francés” refiere que el daño extrapatrimonial se compone de:

 

“Los perjuicios que no tienen una naturaleza económica, en el sentido de que, por definición, no se les puede medir en dinero. Distinto, como ya se vio, es lo que ocurre con el daño material en donde se puede encontrar un valor de reemplazo

 

Esta clasificación, al igual que los daños patrimoniales tiene su materialización en una tipología de perjuicios en específico, sin embargo, a diferencia de los primeros, tal subdivisión no se encuentra contenida en una norma en específico, sino que ha sido desarrollada a través de la jurisprudencia de las altas cortes de nuestro país.

 

Lo anterior, sin embargo, ha traído como consecuencia una doble clasificación del daño inmaterial o extrapatrimonial, puesto que, tanto el Consejo de Estado, como la Corte Suprema de Justicia, han elaborado su propia interpretación, independientes entre sí, de los tipos de perjuicios que componen el daño extrapatrimonial.

 

La Corte Suprema de Justicia, por sentencia SC10297 del 5 de agosto de 2014, MP: Ariel Salazar Ramírez, indicó que los daños extrapatrimoniales se dividen en cuatro tipos o especies de perjuicios, a saber: I) daño moral, II) el daño a la salud III) daño a la vida de relación y IV) daño a bienes jurídicos de especial protección constitucional:

 

“Desde esta perspectiva, y en contraposición al daño estrictamente patrimonial, el perjuicio extrapatrimonial no se reduce al tradicional menoscabo moral, pues dentro del conjunto de bienes e intereses jurídicos no patrimoniales que pueden resultar afectados mediante una conducta dolosa o culposa se encuentran comprendidos aquéllos distintos a la aflicción, el dolor, el sufrimiento o la tristeza que padece la víctima. En este contexto, son especies de perjuicio no patrimonial –además del daño moral– el daño a la salud, a la vida de relación, o a bienes jurídicos de especial protección constitucional tales como la libertad, la dignidad, la honra y el buen nombre, que tienen el rango de derechos humanos fundamentales.”

 

Por su parte, la Sección Tercera del Consejo de Estado, por sentencia de unificación con expediente No. 32988 MP: Ramiro Pazos Guerrero, indicó que el daño inmaterial se dividía tres tipos de perjuicios, a saber, I) el perjuicio moral, II) el daño a bienes constitucionales y convencionales y III) el daño a la salud derivado de una lesión corporal o psicofísica.

 

Es en este escenario dual en la que el perito debe ubicarse al momento de realizar su dictamen, el cual, además de realizar una adecuada clasificación y posterior subclasificación del daño objeto del dictamen, deberá cuantificarlo de cara a su indemnización.

 

El dictamen pericial es la declaración realizada por un experto en una materia, ciencia, arte, oficio, técnica o profesión, en la cual establece los resultados de experimentos, modelaciones, pruebas o metodologías aplicadas a un objeto de estudio preciso y documentado, de conformidad con el decreto de pruebas; objeto al cual tuvo acceso libre el perito, que examinó y sometió a una racional, científica y rigurosa observación o auditoría forense, a fin de obtener conclusiones técnicas, probadas, motivadas y serias, avaladas por la ciencia y conforme a la doctrina aceptada, que constituyen el fin de la pericia. El dictamen pericial es una declaración de conocimiento, experticia con la que no cuenta el juez, o contando con ella, no tiene el alcance especializado del perito.

 

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC7817 – 2016 del 15 de junio de 2016:

 

“El informe de los auxiliares de la justicia se presenta ante el Juez, como un estudio de ciencia, aplicando para ello, los métodos aceptados a nivel general e internacional, que ofrezcan la mayor garantía de certeza, seguridad y confiabilidad. Corresponde al funcionario judicial calificarlo y valorarlo, a fin de definir una controversia entre ciudadanos, verificando la observancia de los requisitos básicos en la realización de la prueba, así como la idoneidad en todo el procedimiento.”

 

El informe pericial de daños patrimoniales y extrapatrimoniales es, entonces, el informe que es rendido por un experto en un determinado arte, ciencia u oficio de carácter técnico, económico, financiero y/o contable, mediante el cual se busca acreditar la existencia, clasificación y cuantificación de un determinado daño, así como sus causas, a fin de determinar la forma en que este debería ser indemnizado.

 

¿Qué debe contener el informe pericial de daños patrimoniales y extrapatrimoniales?

 

En primera medida, dado que se trata de un informe pericial, este debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 226 del Código General del Proceso, a saber:

 

“El dictamen suscrito por el perito deberá contener, como mínimo, las siguientes declaraciones e informaciones:

1. La identidad de quien rinde el dictamen y de quien participó en su elaboración.

2. La dirección, el número de teléfono, número de identificación y los demás datos que faciliten la localización del perito.

3. La profesión, oficio, arte o actividad especial ejercida por quien rinde el dictamen y de quien participó en su elaboración. Deberán anexarse los documentos idóneos que lo habilitan para su ejercicio, los títulos académicos y los documentos que certifiquen la respectiva experiencia profesional, técnica o artística.

4. La lista de publicaciones, relacionadas con la materia del peritaje, que el perito haya realizado en los últimos diez (10) años, si las tuviere.

5. La lista de casos en los que haya sido designado como perito o en los que haya participado en la elaboración de un dictamen pericial en los últimos cuatro (4) años. Dicha lista deberá incluir el juzgado o despacho en donde se presentó, el nombre de las partes, de los apoderados de las partes y la materia sobre la cual versó el dictamen.

6. Si ha sido designado en procesos anteriores o en curso por la misma parte o por el mismo apoderado de la parte, indicando el objeto del dictamen.

7. Si se encuentra incurso en las causales contenidas en el artículo 50, en lo pertinente.

8. Declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto de los que ha utilizado en peritajes rendidos en anteriores procesos que versen sobre las mismas materias. En caso de que sea diferente, deberá explicar la justificación de la variación.

9. Declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto de aquellos que utiliza en el ejercicio regular de su profesión u oficio. En caso de que sea diferente, deberá explicar la justificación de la variación.

10. Relacionar y adjuntar los documentos e información utilizados para la elaboración del dictamen.”

 

Ahora bien, estos son apenas las formalidades que deben revestir al dictamen de cara a su valoración, no obstante, respecto al contenido específico del informe pericial será necesario para el experto, en primera medida, clasificar la naturaleza del daño pues dependiendo de esto, deberá adoptar una u otra metodología de valoración, puesto que no se acredita de la misma forma un perjuicio material, que uno inmaterial.

 

Una vez se ha clasificado el tipo de daño que se busca acreditar con el informe, el perito deberá acreditar no solo la existencia del daño, sino también de su cuantificación, para lo cual, deberá atender a los criterios fijados legal y jurisprudencialmente sobre cada tipo de perjuicio – daño emergente, lucro cesante, daño a la vida en relación, etc. Una vez establecido el tipo de perjuicio objeto del dictamen, el experto deberá aplicar la metodología apropiada para su valoración, siguiendo las pautas fijadas en el ordenamiento jurídico para ello.

 

Al respecto, ha dicho la Corte Constitucional en sentencia C -344 de 2017:

 

“Ante la inexistencia de una norma de rango legal que precise las categorías de perjuicios que deben ser reconocidos por el juez a efectos de reparar todos los perjuicios causados y que determine el quantum de dichas condenas, ambas decisiones son confiadas al juez quien, con base en las pruebas, de manera razonable, proporcionada y motivada, en ejercicio del arbitrio iudicidis, debe precisar el alcance tanto horizontal (los perjuicios reconocidos), como vertical (el monto acordado a cada categoría) de la reparación. Es justamente el mandato de reparación integral, aunado con la ausencia de fijación legal de la materia, lo que ha permitido la evolución jurisprudencial en la Jurisdicción Ordinaria y en la de lo Contencioso Administrativo, tanto en lo relativo a la tipología de los perjuicios reparables, como en los montos mismos de cada una de dichas categorías, en lo que respecta a las indemnizaciones o compensaciones pecuniarias, como medidas complementarias a los otros instrumentos de la reparación integral. Esta evolución jurisprudencial en pro de la reparación integral de todos los perjuicios causados, ha permitido reconocer otros perjuicios inmateriales, diferentes del daño moral, conocido inicialmente.”

 

Ahora bien, al momento de calcular la cuantificación del daño, será necesario que el experto funde sus conclusiones en elementos de carácter técnico, contable y financiero que doten a las mismas del suficiente rigor probatorio para orientar al juez en su decisión.

 

¿Quién puede realizar el informe pericial de daños patrimoniales y extrapatrimoniales?

 

De conformidad con el numeral 2 del artículo 48 del Código General del Proceso:

 

“Para la designación de los peritos, las partes y el juez acudirán a instituciones especializadas, públicas o privadas, o a profesionales de reconocida trayectoria e idoneidad. El director o representante legal de la respectiva institución designará la persona o personas que deben rendir el dictamen, quien, en caso de ser citado, deberá acudir a la audiencia.”

 

Sin embargo, dado el caso en que se requiera, además, de un estudio en materia contable y financiera de cara a la valoración del impacto del daño, se debe recordar que sobre estos asuntos tiene prevalencia la Ley especial que regula los aspectos generales de la profesión de la contaduría pública, la cual es la Ley 43 de 1990, así como el anexo cuarto del Decreto 2420 de 2015, donde se específica:

 

“Artículo 13: Además de lo exigido por las Leyes anteriores, se requiere tener la calidad de Contador Público en los siguientes casos:

(…)

c) Para actuar como perito en controversias de carácter técnico-contable, especialmente en diligencia sobre exhibición de libros, juicios de rendición de cuentas, avalúo de intangibles patrimoniales y costo de empresa en marcha”.

 

Fuente:

“Tratado de los Dictámenes Periciales, Instituciones jurídicas, Económicas, Financieras, Contables y Tributarias. Aplicable al procedimiento Administrativo, Penal, Arbitral y general”, César Mauricio Ochoa Pérez. (Libro Naranja), tercera edición.

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