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Dictamen pericial o peritaje para Indemnización de Perjuicios

OCH Blog Dictamen pericial o peritaje para Indemnización de Perjuicios

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El dictamen pericial o peritaje para la indemnización de perjuicios es rendido por expertos en materia técnica, contable o financiera, mediante el cual se acredita la existencia de un determinado perjuicio, así como el monto indemnizable por dicho perjuicio.
Uno de los tipos de dictámenes periciales o peritajes que mayor uso práctico tiene en sede de litigios es el que trata la indemnización de perjuicios, el cual se constituye en el medio de prueba fundamental, tanto para la determinación de la existencia del perjuicio, como para su tasación.

 

En materia de reclamaciones indemnizatorias a través de un proceso jurisdiccional, estriba la necesidad de cuantificar el perjuicio que se reclama, así lo determina el artículo 206 del Código General del Proceso:

 

Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación.

 

Formulada la objeción el juez concederá el término de cinco (5) días a la parte que hizo la estimación, para que aporte o solicite las pruebas pertinentes.

 

Aun cuando no se presente objeción de parte, si el juez advierte que la estimación es notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusión o cualquier otra situación similar, deberá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para tasar el valor pretendido.

 

Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) a la que resulte probada, se condenará a quien hizo el juramento estimatorio a pagar al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre la cantidad estimada y la probada.

 

El juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio, salvo los perjuicios que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda o cuando la parte contraria lo objete. Serán ineficaces de pleno derecho todas las expresiones que pretendan desvirtuar o dejar sin efecto la condición de suma máxima pretendida en relación con la suma indicada en el juramento.

 

El juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños extrapatrimoniales. Tampoco procederá cuando quien reclame la indemnización, compensación los frutos o mejoras, sea un incapaz.

 

PARÁGRAFO. También habrá lugar a la condena a la que se refiere este artículo a favor del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, en los eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios. En este evento, la sanción equivaldrá al cinco por ciento (5%) del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas.

 

La aplicación de la sanción prevista en el presente parágrafo sólo procederá cuando la causa de la falta de demostración de los perjuicios sea imputable al actuar negligente o temerario de la parte.”

 

De lo anterior, resulta evidente la importancia que reviste a la prueba pericial o peritaje en materia de indemnización de perjuicios, ya que el demandante no solo debe cumplir con la carga de tasar en debida forma el valor de estos, sino que dicha tasación deviene en el tope máximo que podrá ser reconocido por el juez del proceso al momento de dictar sentencia, por lo que resulta necesario que dicha tasación se fundamente en una base sólida, determinada por un experto.

 

Además de la cuantificación del perjuicio, el demandante tiene la carga de probar la existencia del mismo, puesto que de nada sirve una correcta tasación si no se logra demostrar su ocurrencia como hecho jurídico que dota al actor del derecho a ser indemnizado.

 

El dictamen pericial o peritaje para la indemnización de perjuicios es, entonces, el informe que es rendido por expertos en materia técnica, económica, contable o financiera, dependiendo del objeto de la experticia, mediante el cual se acredita la existencia de un determinado perjuicio, material o inmaterial, soportado por una persona natural jurídica, así como la cuantificación o monto indemnizable por dicho perjuicio.

 

¿Qué debe contener el dictamen pericial para la indemnización de perjuicios?

 

En primera medida, dado que se trata de un informe pericial, este debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 226 del Código General del Proceso, a saber:

 

“El dictamen suscrito por el perito deberá contener, como mínimo, las siguientes declaraciones e informaciones:

 

1. La identidad de quien rinde el dictamen y de quien participó en su elaboración.

2. La dirección, el número de teléfono, número de identificación y los demás datos que faciliten la localización del perito.

3. La profesión, oficio, arte o actividad especial ejercida por quien rinde el dictamen y de quien participó en su elaboración. Deberán anexarse los documentos idóneos que lo habilitan para su ejercicio, los títulos académicos y los documentos que certifiquen la respectiva experiencia profesional, técnica o artística.

4. La lista de publicaciones, relacionadas con la materia del peritaje, que el perito haya realizado en los últimos diez (10) años, si las tuviere.

5. La lista de casos en los que haya sido designado como perito o en los que haya participado en la elaboración de un dictamen pericial en los últimos cuatro (4) años. Dicha lista deberá incluir el juzgado o despacho en donde se presentó, el nombre de las partes, de los apoderados de las partes y la materia sobre la cual versó el dictamen.

6. Si ha sido designado en procesos anteriores o en curso por la misma parte o por el mismo apoderado de la parte, indicando el objeto del dictamen.

7. Si se encuentra incurso en las causales contenidas en el artículo 50, en lo pertinente.

8. Declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto de los que ha utilizado en peritajes rendidos en anteriores procesos que versen sobre las mismas materias. En caso de que sea diferente, deberá explicar la justificación de la variación.

9. Declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto de aquellos que utiliza en el ejercicio regular de su profesión u oficio. En caso de que sea diferente, deberá explicar la justificación de la variación.

10. Relacionar y adjuntar los documentos e información utilizados para la elaboración del dictamen.”

 

Ahora bien, estos son apenas los requisitos formales que debe contener el informe, sin embargo, el contenido material del mismo dependerá, en primera medida del tipo de perjuicio que esté siendo acreditado y valorado en la experticia, así como de la clase de responsabilidad a título de la cual este se imputa.

 

En primera medida, en cuanto a la acreditación de la existencia del perjuicio, es necesario indicar que para que exista responsabilidad civil (contractual o extracontractual), una persona (demandante) debe sufrir un daño, producto del dolo o culpa en el accionar del otro (demandado), que conlleva a una indemnización de perjuicios, por parte de quién lo causó. Al respecto, el profesor Javier Tamayo Jaramillo en su tratado sobre la responsabilidad civil, indica:

 

“Para que haya responsabilidad civil contractual o extracontractual es preciso que el demandante haya sufrido un daño. El simple hecho del comportamiento culposo del agente no genera por sí solo la responsabilidad civil.   

 

Por daño civilmente indemnizable entendemos el menoscabo de las facultades jurídicas que tiene una persona para disfrutar un bien patrimonial o extrapatrimonial. Ese daño es indemnizable cuando en forma ilícita es causado por alguien diferente de la víctima.

 

Los daños pueden ser patrimoniales o extrapatrimoniales. Los primeros son el atentado al patrimonio económico de la víctima, mientras que los segundos están referidos a la lesión de bienes protegidos por el orden jurídico, pero que no tiene valor pecuniario”

 

Por su parte, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia con radicado 5502 del 2001, definió el daño como “la vulneración de un interés tutelado por el ordenamiento legal, a consecuencia de una acción u omisión humana, que repercute en una lesión a bienes como el patrimonio o la integridad personal, y frente al cual se impone una reacción a manera de reparación o, al menos, de satisfacción o consuelo cuando no es posible conseguir la desaparición del agravio”

 

El objeto del informe pericial para indemnización de perjuicios deberá centrarse, en primera instancia, en la acreditación de la ocurrencia de los elementos antes descritos, a fin de posteriormente cuantificarlos monetariamente.

 

Respecto a la tasación o cuantificación del perjuicio, el experto deberá atender a los criterios fijados legal y jurisprudencialmente sobre cada tipo de perjuicio, siendo necesario diferenciar si se trata de un perjuicio material o inmaterial. Una vez establecido el tipo de perjuicio objeto del dictamen, el experto deberá aplicar la metodología apropiada para su valoración, siguiendo las pautas fijadas en el ordenamiento jurídico para ello.

 

¿Quién puede realizar el dictamen pericial para indemnización de perjucios?

 

De conformidad con el numeral 2 del artículo 48 del Código General del Proceso:

 

“Para la designación de los peritos, las partes y el juez acudirán a instituciones especializadas, públicas o privadas, o a profesionales de reconocida trayectoria e idoneidad. El director o representante legal de la respectiva institución designará la persona o personas que deben rendir el dictamen, quien, en caso de ser citado, deberá acudir a la audiencia.”

 

Para el caso concreto del dictamen pericial para la indemnización de perjucios no se exige ninguna calidad especial del perito, sin embargo, se deja claro que el mismo debe ser un experto de reconocida trayectoria, especializado e idóneo. Dependiendo de la naturaleza de la prueba y el soporte de la misma, este será, por ejemplo, un ingeniero de la rama del conocimiento que sea requerida si el objeto del dictamen es eminentemente técnico, un contador público si la prueba es contable, un especialista o experto en finanzas si la prueba es financiera, siempre teniéndose en cuenta los requisitos legales y procesales para los peritos.

 

Ahora bien, dado el caso de que el informe requiera de un experto en materia contable, es necesario observar los preceptos establecidos en la Ley 43 de 1990 y el anexo cuarto del Decreto 2420 de 2015:

 

“Artículo 13: Además de lo exigido por las Leyes anteriores, se requiere tener la calidad de Contador Público en los siguientes casos:

(…)

c) Para actuar como perito en controversias de carácter técnico-contable, especialmente en diligencia sobre exhibición de libros, juicios de rendición de cuentas, avalúo de intangibles patrimoniales y costo de empresa en marcha”

Fuente:

“Tratado de los Dictámenes Periciales, Instituciones jurídicas, Económicas, Financieras, Contables y Tributarias. Aplicable al procedimiento Administrativo, Penal, Arbitral y general”, César Mauricio Ochoa Pérez. (Libro Naranja), tercera edición.

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