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¿De qué tratan los honorarios provisionales asignados a los peritos?

OCH Blog De qué tratan los honorarios provisionales asignados a los peritos

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Los honorarios provisionales son aquellas retribuciones que se pagan al perito temporalmente, con el objeto de que el profesional o experto adelante el trabajo pericial; son objeto de revisión de conformidad con el trabajo y los experimentos realizados por el auxiliar de la justicia.

Sobre los honorarios provisionales del perito, legalmente no se ha establecido una definición; por ello, para dar claridad sobre lo que comprende este concepto, es de vital importancia aportar una definición sobre ellos; por honorarios se entiende: “Retribución que recibe por su trabajo quien practica un arte liberal. Es voz que se emplea siempre en plural, proviniendo del latín honorarius, adjetivo que se aplica a un beneficio o retribución que se da con honor” (Enciclopedia Jurídica Omeba) Provisional es aquello: “Que se hace, se halla o se tiene temporalmente” (Diccionario de la Lengua Española). 

 

Así las cosas, los honorarios provisionales, son aquellas retribuciones que se pagan al perito temporalmente, con el objeto de que el profesional o experto adelante el trabajo pericial; dichos honorarios son objeto de revisión de conformidad con el trabajo y los experimentos realizados por el auxiliar de la justicia, así como también de las adiciones que están por fuera del objeto inicial de la experticia; las nuevas actividades requerirán del ajuste a los honorarios, dado que la ley ordena una “equitativa retribución” por la función realizada. 

 

Honorarios provisionales del perito en el procedimiento general.  

 

En el Código General del proceso se regulan tanto los honorarios provisionales del perito, como los gastos provisionales para la experticia, solo respecto del dictamen decretado de oficio, la disposición se encuentra en el artículo 230 de dicho Código: 

 

Dictamen decretado de oficio. Cuando el juez lo decrete de oficio, determinará el cuestionario que el perito debe absolver, fijará término para que rinda el dictamen y le señalará provisionalmente los honorarios y gastos que deberán ser consignados a órdenes del juzgado dentro de los tres (3) días siguientes. Si no se hiciere la consignación, el juez podrá ordenar al perito que rinda el dictamen si lo estima indispensable”.

 

Los honorarios provisionales son erogaciones con cargo a las partes, para que el experto pueda realizar su función pericial, tienen como fin remunerar parcial y temporalmente el trabajo que realizará el perito. 

 

Anteriormente, el Código de Procedimiento Civil en el artículo 236, sistematizó los pasos que debían seguirse para la “posesión de los peritos”, en dicha norma se indicaban los parámetros a cumplir por el juez y las partes en la posesión. En lo que respecta a los honorarios provisionales, fue el artículo 239, inciso 1 del mismo Codex, modificado por el artículo 25 de la Ley 794 de 2003, el que estableció “En el auto de traslado del dictamen se señalarán los honorarios del perito de acuerdo con la tarifa oficial y lo que de ellos deba pagar cada parte (…)”. 

 

El Código General del Proceso, no trajo consigo una regulación expresa sobre los honorarios provisionales del perito; sin embargo, el artículo 229, numeral 1, dispuso:

 

Disposiciones del juez respecto de la prueba pericial. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá disponer lo siguiente:

  1. Adoptar las medidas para facilitar la actividad del perito designado por la parte que lo solicite y ordenar a la otra parte prestar la colaboración para la práctica del dictamen, previniéndola sobre las consecuencias de su renuencia.

(…)”. 

 

Los honorarios provisionales, posibilitan al auxiliar de la justicia realizar la función pericial encomendada; si el juez, es quien debe “adoptar las medidas para facilitar la actividad del perito”, debe entender, que los honorarios que se fijan provisionalmente al experto tienen como fin, que este, con los recursos asignados como honorarios provisionales, pueda cumplir la labor confiada; por ello, debe decretarlos. No encontramos obstáculo para que de no hacerlo el auxiliar de la justicia lo pueda solicitar. 

 

El sustento jurídico de los honorarios provisionales que se fijan a los peritos que no han sido nombrados de oficio por el juez, durante el transcurso del proceso, se encuentra en esta disposición (artículo 229, numeral 1 del CGP); pues si bien, la Ley 1564 de 2012, estableció los honorarios provisionales, lo hizo solo para cuando el dictamen pericial fuese decretado de oficio por el juzgador. 

 

Honorarios provisionales del perito en el procedimiento administrativo. 

 

Las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no han regulado lo referente a los gastos y los honorarios provisionales del perito; solo se ocupó este Codex de regular los honorarios del experto y los gastos definitivos en que haya incurrido el auxiliar de la justicia. 

 

Sin embargo, por remisión expresa de esté Código a las normas que rigen la prueba pericial, serán las del Código General del Proceso, si no existiere norma especial en la ley administrativa; en el artículo 218, inciso 1 de la Ley 1437 de 2011, se dispuso:

 

“La prueba pericial se regirá por las normas del Código de Procedimiento Civil, salvo en lo que de manera expresa disponga este Código sobre la materia”.

 

Las normas anteriormente analizadas del procedimiento general, acerca de los honorarios provisionales y los gastos provisionales del perito, serán las que regulan el procedimiento administrativo, toda vez que no hay norma administrativa especial que se encuentre regulando el tema.  

 

Honorarios provisionales del perito en el proceso arbitral. 

 

El Estatuto Arbitral ilustra con claridad cuándo debe hacerse el pago de honorarios provisionales a los peritos y porque razón: 

 

En la audiencia de posesión del perito, el tribunal fijará prudencialmente la sumas que deberán consignar a buena cuenta de los honorarios de aquel, tanto la parte que solicitó la prueba, como la que formuló preguntas adicionales dentro del término que al efecto le señale el tribunal, so pena de que se entienda desistida la prueba respecto de la parte que no hizo la consignación. El tribunal fijará en su oportunidad los honorarios del perito e indicará qué parte o partes deberán cancelarlos y en qué proporción, y dispondrá el reembolso a que hubiere lugar.”  (Ley 1563 de 2012, artículo 31, inciso 3). 

 

El Tribunal es quien fijará cuanto debe consignar cada una de las partes, esto dependiendo de quién solicitó el dictamen pericial y quién realizó preguntas adicionales en los términos procesales. 

 

De no consignar alguno de los actores, los respectivos honorarios, se entenderá desistido el medio probatorio pericial solicitado por esté, consecuencia nociva para la parte que no podrá probar lo que pretendía, y finalmente tendrá secuelas en la decisión a tomar por el Tribunal, si la experticia era necesaria y único medio en el caso específico para probar la pretensión o excepción. 

 

La prueba pericial es solo uno de los medios de prueba, y por ende el juzgador, en este caso el árbitro, puede apartarse de la misma cuando sea oportuno y posible; en el caso de no haberse realizado la prueba pericial por falta de consignación de los honorarios establecidos por el Tribunal, serán los demás medios de prueba los que formen la convicción del tercero supraordenado, y de no lograrse por dichos medios fracasará el litigante en sus pretensiones.

Fuente: “Tratado de los Dictámenes Periciales, Instituciones jurídicas, Económicas, Financieras, Contables y Tributarias. Aplicable al procedimiento Administrativo, Penal, Arbitral y general”, César Mauricio Ochoa Pérez. (Libro Naranja)

Tratado de los Dictámenes Periciales

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