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Corte Suprema de Justicia se pronuncia sobre la Regla de discrecionalidad (Business Judgement Rule)

Corte Suprema de Justicia se pronuncia sobre la Regla de discrecionalidad (Business Judgement Rule)

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El ejercicio de los administradores sociales entraña grandes riesgos derivados de la toma de decisiones en el desarrollo de su actividad administrativa, por ello se han consagrado reglas especiales en cuanto a la responsabilidad derivada de esta actividad.

Autor: Juan Pablo Calle Gallego – Abogado Junior – E-mail: [email protected]

La ya conocida regla de la discrecionalidad o Business Judgement Rule ha sido una doctrina ampliamente estudiada y discutida en el ámbito societario a través de la función jurisdiccional de la Superintendencia de Sociedades y, por supuesto, por el ámbito académico societario. El pasado 7 de julio del presente año la citada regla fue objeto de estudio por parte de la Corte Suprema de Justicia, reiterando el valor de este concepto en el ordenamiento jurídico colombiano.

 

La Corte en el caso en cuestión hace un estudio generalizado sobre los deberes de los administradores sociales, la responsabilidad que les es endilgable, y las acciones procedentes frente a la violación de los deberes mencionados. Si bien el régimen de responsabilidad de los administradores consagrado en la ley 222 de 1995 ha sido objeto de innumerables estudios, comentarios, así como decisiones judiciales y administrativas, la Corte en este caso deja algunos detalles interesantes y de suma importancia para efectos de entender la trascendencia de los administradores en el ámbito civil y societario.

 

Por un lado, se recuerda que el régimen de responsabilidad de los administradores consagra un régimen de responsabilidad especial a través de la figura del “buen hombre de negocios”, separándolo de la graduación tripartita de culpas consagrada en el Código Civil, por las dificultades de equiparar la conducta que debe ejecutar el buen hombre de negocios, con el actuar bajo el concepto de la culpa levísima:

 

“Cumple precisar, con todo, que al haber hecho referencia expresa el legislador colombiano al modelo abstracto del «buen hombre de negocios», como parámetro objetivo para escrutar la actuación del administrador, se obvió conscientemente la remisión a la clasificación tripartita de las culpas consagrada en el artículo 63 del Código Civil, y por supuesto, a la levísima, que jurisprudencialmente ha servido para determinar la responsabilidad de ciertos profesionales, como por ejemplo, los dedicados a las actividad bancaria.

Lo anterior viene a apreciarse de mejor manera, al advertir que si bien la administración de una empresa demanda conocimientos de diversa índole (economía, contabilidad, finanzas, etc.), la ley tampoco ha de interpretarse en el sentido de llegar al extremo de que los administradores sean expertos en cada una de esas materias. Por eso, en suma, la responsabilidad de los administradores, si bien profesional, no alcanza los niveles de exigencia de que trata la categoría de la culpa levísima.”1

 

La conducta del administrador en sintonía con la regla de la discrecionalidad, deberá interpretarse en atención a que sus decisiones se encuentren cobijadas por la buena fe y la prudencia de un buen hombre de negocio, en donde no será dable al juez inmiscuirse en las decisiones del administrador hasta tal punto que se encuentre obligado a garantizar una ganancia o pérdida determinada, pues precisamente el desarrollo de empresa conlleva una actividad riesgosa que a pesar de un estudio exhaustivo o diligente, podría derivar en un resultado distinto al buscado por los accionistas y concretamente por el administrador a través de la toma de decisiones.

 

A su vez, la Corte atinadamente se refiere a los tres deberes fiduciarios a los cuales se deben someter los administradores sociales, esto es, el deber de buena fe, lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios, así como los demás deberes especiales consagrados en el artículo 23 de la ley 222 de 1995, lo anterior con la finalidad de estudiar si los deberes del administrador de debían estar consagrados de manera precisa en los estatutos sociales de la compañía y concluyendo que esta condición no podía ser exigible, con esto la Corte determina que la decisión impugnada a través del recurso de casación adolece de una interpretación errónea de la ley por parte del Tribunal:

 

“En efecto, con detalle se explicó que el artículo 23 de la Ley 222 de 1995 asignó a los administradores de las sociedades, entendiendo por ellos a los que ocupan alguno de los cargos previstos en el precepto 22 ibídem, una serie de deberes generales (fiduciarios) y otros de contenido preciso, entre los cuales aparece el de cumplimiento

normativo, refiriéndose este último, según precisiones hechas por la Superintendencia de Sociedades en una de sus Circulares Externas publicada en la Gaceta Oficial y por la doctrina autorizada, al compromiso que adquieren los administradores para velar porque la empresa que regentan honre en tiempo sus obligaciones de naturaleza laboral, fiscal y contable.

 

Por lo mismo, siendo la ley el manantial por el que principalmente fluyen las cargas que ha de satisfacer el «buen hombre de negocios» que debe ser el administrador, sin perjuicio claro está de los compromisos estatutarios y contractuales, no es necesario que esos dictados establecidos directamente por el legislador se repliquen en estatutos o contratos para poder exigir su cumplimiento, verbigracia, a un representante legal o a un gerente, ya que está dentro del estándar propio del idóneo profesional, así como en el de cualquier ciudadano, conocer la ley, y por supuesto, las sanciones que apareja su desconocimiento.

 

Es en esa lógica, entonces, que cuando se acude a la acción de responsabilidad social para obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados directamente a la sociedad por efecto de un acto u omisión del administrador que infringe alguno de sus deberes legales, al accionante no es posible solicitarle acreditar que en el demandado recae el cumplimiento del deber legal que se dice transgredido, porque ello sería tanto como pedirle prueba de la ley, que ya se dijo, se presume conocida y que cuando se trata de la de alcance nacional, como es la Ley 222 de 1995, está exenta de cualquier prueba, de acuerdo con lo previsto en el artículo 177 del Código General del Proceso.” 2

 

Por lo demás, es importante mencionar también la exposición de la Corte sobre el régimen de responsabilidad subjetiva establecido en el artículo 24 de la Ley 222 y aplicable a los administradores, en ese sentido, quien tenga intenciones de formular una pretensión exitosa relativa a la responsabilidad de un administrador social deberá demostrar los tres elementos propios de la responsabilidad civil:

 

“La ley 222 de 1995 articula el régimen especial de responsabilidad de los administradores atendiendo el esquema tradicional de la responsabilidad subjetiva o por culpa, al establecer con total claridad en el artículo 24, que «Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros»; lo cual significa que, para el buen suceso de una reclamación por tal vía, se deben cumplir los presupuestos tradicionales de toda responsabilidad fundada en la culpa, esto es: (i) la acción u omisión de un administrador contraria a los deberes legales, estatutarios o contractuales de su cargo,

imputable a título de dolo o negligencia; (ii) un daño, y (iii) el nexo causal que enlaza la conducta reprochada del administrador y el daño concreto provocado.” 3

 

Esto en principio, pues el mismo artículo 24 precitado consagra una presunción especial que recae en cabeza del administrador infractor:

 

“En la lógica de ese esquema cabe predicar que, en línea de principio, es del resorte del demandante en la correspondiente acción social o individual, acreditar el cumplimiento de cada uno de esos presupuestos, incluida la culpa, excepción hecha -lo destaca la propia normativa en el artículo 24-, «En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos», y «cuando los administradores hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades en contravención a lo prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y demás normas sobre la materia», donde se «presume Za culpa«.

 

Sobre esta presunción y la incidencia que tiene para el ejercicio del derecho de defensa del demandado, la Corte Constitucional cuando examinó y corroboró la exequibilidad de los incisos 3 0 y 4 0 del artículo 24 del Código General del Proceso, señaló que al ser la presunción allí consagrada «de carácter legal, no impide el ejercicio del derecho de defensa del administrador quien puede presentar la prueba en contrario a fin de desvirtuarla», agregando, además, que la misma es razonable, «en la medida que ha sido la propia ley la que le fija a los administradores el marco general de su actuación, obrar de buena fe, de manera leal y con la diligencia de ‘un buen hombre de negocios’, lo cual no puede más que denotar la profesionalidad, diligencia y rectitud con la que deben actuar los administradores en bienestar de Zos intereses de la sociedad y de sus asociados, atendiendo la importancia y relevancia del papel que cumplen en el desarrollo de sus funciones y el alto grado de responsabilidad que asumen por la gestión profesional que se les encomienda

 

De manera, pues, que cuando se está en presencia de alguno de esos eventos concretos que hacen operante la referida presunción, por ejemplo, cuando se afirma que el daño cuya reparación se persigue proviene de un acto u omisión del administrador violatorio de un mandato legal, el actor queda eximido de la carga de probar el dolo o negligencia del demandado, por expresa voluntad legislativa.

 

Por lo mismo, correrá para el administrador accionado, ante la presunción iuris tantum que pesa en su contra, la carga de demostrar la ausencia de dolo o culpa en su actuar o abstención profesional, o que concurre a su caso alguna de las hipótesis de exclusión de la responsabilidad, esto es, no haber tenido conocimiento de la acción u omisión, o haber votado en contra de ella absteniéndose de ejecutarla (art. 24, inc. 2 0 ). Además, por supuesto, de todas las otras que autoriza el derecho común en temas de responsabilidad.” 4

 

El presente fallo entonces si bien no genera un cambio trascendental a una doctrina ya conocida hace al menos 10 años en el ordenamiento colombiano, si que es importante para reconocer la vigencia de dichas disipaciones por parte de un tribunal de la entidad de la Corte Suprema de Justicia, así como la necesidad de hacer un análisis completo de la ley para evitar someter los fallos judiciales al cumplimiento de formalidades innecesarias que se traducen en interpretaciones incorrectas y violación de normas sustanciales consagradas en el ordenamiento colombiano.

  1. Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. Sentencia SC2749-2021 del 07 de julio de 2021, M.P. Álvaro Fernando García Restrepo.
  2. Ibíd.
  3. Ibíd.
  4. Ibíd.

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