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Cómo funcionaría la vinculación de la banca tradicional y las criptomonedas

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Este contenido es producido por OCH Group, Independent Member de GGI en Colombia.

El tema de las criptomonedas y su confianza en ellas tuvo a finales de 2022 muchas adversidades. Sin embargo, la Superintendencia Financiera siguió avanzando en su proceso de conocimiento y regulación. En algún momento las criptomonedas seguirán en su evolución. La SFC quiere preparar al sistema financiero para que el manejo de estos activos no vaya contra la protección del consumidor financiero. Veamos que se está haciendo al respecto.

Desde 2021 la Superintendencia Financiera de Colombia (Superfinanciera) viene llevando a cabo un experimento en la denominada Arenera, o Sandbox de la entidad, en el que siete plataformas de criptomonedas, en alianzas con siete bancos, realizaron unos pilotos para avanzar en la reglamentación que incluiría a estas exchanges (plataforma de intercambio de activos digitales) al sistema financiero colombiano.

Tras haberse publicado previamente un documento, estaría próxima a salir un nuevo borrador para comentarios de cómo funcionarían estas uniones en el país, y donde se hace referencia a los exchanges como Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).

¿Pero qué significa específicamente este paso? De acuerdo con la Superfinanciera, lo primero que tiene que quedar claro es que “no se está cambiando la naturaleza de estos activos, ni tampoco los estamos habilitando como medio de pago. Solamente estamos regularizando una relación comercial que de cara a la función preventiva que emitimos en 2017.

Puntualmente, en 2017, con la carta circular 52, la entidad advirtió sobre los potenciales riesgos asociados a las operaciones realizadas con monedas electrónicas, o criptomonedas, en los que se incluían cuestiones como la alta dificultad para la identificación de sus beneficiarios finales por ser operaciones pseudónimas.

Asimismo, se citaron consideraciones del Banco de la República, que establecían que ninguna moneda virtual, incluyendo el Bitcoin, serían reconocidas por la autoridad monetaria. Dicho esto, es importante aclarar que la nueva normativa no busca regular ni reconocer las criptomonedas como monedas oficiales en el país.

Entonces, ¿qué se va a permitir con las criptomonedas y los bancos?

Según el primer documento publicado para comentarios de la Superfinanciera, “el proyecto de norma está basado en los resultados del piloto en materia de operaciones de depósito y retiro con plataformas exchange mediante productos de depósito de entidades vigiladas, los cuales demostraron la posibilidad de gestionar riesgos inherentes a realización de operaciones con activos virtuales”.

Los resultados permitieron la vinculación de 4.800 clientes, que compraron mayoritariamente criptomonedas Bitcoin y Ether. Asimismo, el ticket promedio de cash in fue $360.000 y el de cash out de $250.000, a través de transferencias 100 % electrónicas para pagar la compra o venta de los criptoactivos.

 

Además de la Superfinanciera, hubo otras entidades que también siguieron de cerca el proceso:

  • Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y de Transformación Digital.
  • Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
  • Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
  • Banco de la República.
  • Unidad de Regulación Financiera (URF).
  • Superintendencia de Sociedades.
  • Superintendencia de Industria y Comercio.
  • Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
  • Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

Para los exchange, el Sandbox fue un esfuerzo muy importante que permitió generar aprendizajes, crecimiento y retos, para poder entender mejor cómo se comporta el mercado en el país, cuáles son las necesidades reales de los colombianos y cómo pueden generar mayor valor, y de este modo avanzar a una regulación robusta.

 

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Con base es en los resultados, y en las tendencias internacionales, la Superfinanciera avanza en la definición de un marco normativo para las entidades vigiladas varios frentes. En primera instancia se busca generar definiciones de activos virtuales y vinculación de PSAV al sistema financiero, basándose en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

 

Para los PSAV se establece que deberán cumplir con reportes a la (Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y al Banco de la República sobre su operación y que deben estar enmarcados en los lineamientos de GAFI; mientras que las entidades bancarias o vigiladas que les presten sus servicios a los PSAV deberán informar la naturaleza y alcance de los servicios que ofrecen.

Condiciones para desarrollar las alianzas entre criptomonedas y bancos

  • Acceso al sistema de reportes de la UIAF.
  • Un sistema de administración del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva que atienda los lineamientos del GAFI.
  • Condiciones tecnológicas y operativas para realizar la trazabilidad de las transacciones con activos virtuales.
  • Capacidad para brindar a sus clientes y al público en general información sobre su razón social, canales de atención disponibles, activos respecto de los cuales presta sus servicios, riesgos inherentes a los mismos y los costos y tarifas asociados a los servicios.
  • Mecanismos para informar a sus clientes sobre la ejecución de sus operaciones, los estados de cuenta y sus saldos.
  • Un sistema de administración del riesgo operacional y de ciberseguridad, así como con las herramientas tecnológicas idóneas para gestionar este riesgo.

Protección del consumidor financiero

Uno de los retos más significativos que trajo el experimento fue el tema de la protección al consumidor financiero. La Superintendencia Financiera requería profundización en las plataformas al respecto. Este proceso permite alinear las expectativas que tienen las plataformas para formalizar la industria a través de las prácticas y los recursos normativos.

Pero se busca la mejora de esos estándares en materia de protección y revelación de información en varios sentidos: hay que advertirle al consumidor cuáles son los riesgos y la volatilidad de lo que está comprando.

Hay que mencionar que actualmente en el marco normativo de protección al consumidor se encuentran la Ley 73 de 1981, que establece los parámetros de la intervención estatal en la distribución de bienes y servicios; el Decreto 663 de 1993, estatuto orgánico del Sistema Financiero; la ley 1328, de régimen de protección al consumidor; y la Ley 1480 de 2011, o estatuto del consumidor.

 

Fuentes:

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