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Cinco claves de Derecho Laboral que deben tenerse en cuenta en deudas por obligaciones alimentarias

Cinco claves de Derecho Laboral que deben tenerse en cuenta en deudas por obligaciones alimentarias

Este contenido es producido por OCH Group, Independent Member de GGI en Colombia.

Es conocido por todos que en nuestro país hay un alto porcentaje de deudores morosos en lo referente a las deudas por alimentos, por lo anterior, y en el pasado mes de julio, mediante Ley Estatutaria 2097 de 2021, mediante la cual se creó el registro de deudores alimentarios morosos.

Autor: Susana Correa Acebedo – Semi Senior Legal Services – Email: [email protected]

El objetivo del registro mencionado anteriormente es comenzar a imponer sanciones a aquellos que no estén cumpliendo con sus obligaciones alimentarias, con el fin de garantizar el cumplimiento de las mismas y el derecho de aquellos a quienes se les deben alimentos. 

Es importante anotar que la inasistencia alimentaria ya de por si constituye un delito en el código penal colombiano, el cual en su artículo 233 reza lo siguiente:

“ARTICULO 233. INASISTENCIA ALIMENTARIA. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1181 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:> El que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante, adoptivo, cónyuge o compañero o compañera permanente, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena será de prisión de treinta y dos (32) a setenta y dos (72) meses y multa de veinte (20) a treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la inasistencia alimentaria se cometa contra un menor.”

 A pesar de lo anterior, dicha penalidad no ha logrado que se cree una conciencia en aquellos que incumplen con este tipo de obligaciones, y que disminuya la mora en la misma. Por esto, mediante la ley ya mencionada se crearon otro tipo de sanciones, dentro de las cuales se encuentran algunas de tipo laboral, como son:

  • Inhabilidad para contratar con el Estado.
  • No se podrá nombrar ni posesionar en cargos públicos ni de elección popular.
  • Si es servidor público, al momento de la inscripción en el REDAM estará sujeto a la suspensión del ejercicio de sus funciones.
  • Cuando pretenda perfeccionar la enajenación de bienes muebles e inmuebles, se le solicitará el certificado.
  • Cuando solicite un crédito o la renovación de crédito se le solicitará el certificado.
  • Impedimento para salir del país. 

Sin embargo, vemos que no hay un gran desarrollo en cuanto a sanciones para trabajadores del sector privado, lo cual posiblemente genere poca efectividad en el objetivo de la ley, pero que sigue siendo un paso importante hacia la dirección que se pretende

 

Fuente:

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202097%20DEL%2002%20DE%20JULIO%20DE%202021.pdf

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