Autor: Mariana Herrera Vanegas
Las certificaciones emitidas por un contador público asumiendo el rol de revisor fiscal son documentos de gran importancia tanto para las empresas como para el público en general. Estas certificaciones respaldan la veracidad de la información financiera y contable de una entidad y a menudo se utilizan para tomar decisiones críticas en el ámbito empresarial. Sin embargo, detrás de cada certificación, debe existir un soporte que permita verificar su autenticidad y validez. En este artículo, exploraremos la importancia de la evidencia que respalda las certificaciones emitidas por los contadores públicos y las normativas que rigen este proceso. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) en el concepto 2023-0392 da respuesta sobre diferentes consultas que tienen que ver con las certificaciones que puede expedir el revisor fiscal en su ejercicio profesional. Es importante aclarar que el CTCP no tiene dentro de sus funciones la interpretación de las normas legales dentro de un contexto jurídico, sino la interpretación y orientación en el marco de las normas de contabilidad, de información financiera, de aseguramiento y de revisoría fiscal.
Una certificación emitida debe basarse en evidencia sólida y verificable. Esta evidencia puede provenir de varias fuentes, incluyendo los libros de contabilidad del comerciante, soportes externos de transacciones, contratos, extractos bancarios, comprobantes de pago de terceros, entre otros. Esta base de evidencia es esencial para garantizar la integridad y la autenticidad de la información contenida en la certificación. La evidencia documental obtenida por el profesional debe ser precisa y confiable, ya que cualquier error o falsedad en esta información puede tener consecuencias significativas. Por lo tanto, el contador debe realizar una revisión exhaustiva de la evidencia proporcionada por el cliente antes de emitir la certificación.
La delegación de autoridad por parte del Estado a los contadores públicos inscritos para dar presunción de legalidad y autenticidad a ciertos actos, hechos o documentos (conocida como «fe pública») es un poder que conlleva una gran responsabilidad. Sin embargo, esta presunción de legalidad solo se aplica a los actos o documentos previstos en la ley. Los contadores y otras autoridades no pueden, por iniciativa propia, agregar o eliminar actos certificables. Esto significa que el contador debe operar dentro de un marco normativo claro y predefinido. Además, al emitir una certificación, el contador público debe considerar las normas técnicas pertinentes. Estas normas garantizan que el proceso de certificación siga estándares profesionales y éticos, lo que aumenta la confiabilidad de la certificación.
En el contexto de las certificaciones, el revisor fiscal juega un papel fundamental. Las normativas legales establecen las obligaciones específicas que deben cumplir los revisores fiscales en cuanto a la emisión de certificaciones. El Código de Comercio, el Decreto 1406 de 1999, el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Estatuto Tributario son algunas de las normas que establecen estas obligaciones. Sumado a lo anterior, la Ley 2195, por ejemplo, define claramente las obligaciones que debe atender un revisor fiscal, dejando en claro que no debe interferir en las obligaciones propias de la administración. Además, el artículo 214 del Código de Comercio establece la necesidad de mantener una completa reserva sobre los asuntos que el revisor fiscal conozca en el ejercicio de su cargo, evitando divulgar información a particulares que no estén autorizados por la normatividad vigente
Las certificaciones emitidas por un contador público en calidad de revisor fiscal son documentos de gran relevancia en el mundo empresarial. Sin embargo, su validez y confiabilidad dependen en gran medida de la evidencia que respalda la información contenida en ellas y del estricto cumplimiento de las normativas legales y técnicas. En última instancia, la emisión de certificaciones por parte de los revisores fiscales es un proceso riguroso y regulado que contribuye a la confianza y la transparencia en el ámbito empresarial, proporcionando información verificable y confiable para la toma de decisiones. La observancia de las normativas y la base de evidencia sólida son esenciales para asegurar que estas certificaciones cumplan su propósito de manera efectiva.
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