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Capacidad para comparecer al proceso de Uniones Temporales y Consorcios está sujeta al Régimen de Contratación Pública de Ley 80

OCH Blog Capacidad para comparecer al proceso de Uniones Temporales y Consorcios está sujeta al Régimen de Contratación Pública de Ley 80

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El criterio de unificación de la Sección Tercera sobre la capacidad de Uniones Temporales y Consorcios para comparecer al proceso no se extiende a contratos estatales de régimen exceptuado.

Autor: Andrés Choachí Jaramillo – Abogado Junior – [email protected]

Al fallar el recurso de apelación interpuesto por la Unión Temporal ‘AJC IT Soluciones Informáticas S.A  – Disico S.A’ en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena respecto a la controversia contractual propuesta por el recurrente en contra del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE, la Sección Tercera del Consejo de Estado determinó que el criterio de unificación sobre la capacidad de Uniones Temporales y Consorcios para comparecer al proceso no se extiende a contratos estatales de régimen exceptuado de la Ley 80. 

 

En otras palabras, cuando el contrato estatal objeto de controversia se encuentre regulado por el derecho común, las partes consorciadas deberán formular la demanda y comparecer por sí mismas al proceso contencioso –de forma individual o conjunta, debiendo otorgar poder el respectivo representante legal– so pena de que se tomen por incompletos los requisitos procesales indispensables para proferir una sentencia de mérito que resuelva el litigio planteado. 

 

¿Qué es régimen exceptuado de contratación pública?

 

Lo primero que ha de tenerse en cuenta es que todo contrato, en el cual una de sus partes sea una entidad pública, se reputa como un contrato estatal. No obstante, dicho contrato puede verse regido por el Régimen de Contratación Pública –definido en la Ley 80 de 1993 y sus normas complementarias– o por el Régimen Exceptuado de Contratación Pública, en el cual, por expresa autorización de la ley, los negocios jurídicos están sometidos a las leyes comunes. Es decir, bajo el Régimen Exceptuado, la ley permite a la Entidad pública sustraerse de las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para que sus actos y negocios jurídicos se rijan por las leyes civiles, comerciales y financieras. 

Así las cosas, quien celebra un Contrato Estatal con una entidad de Régimen Exceptuado de Contratación –tales como los establecimientos de crédito, las compañías de seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal–, ha de tener presente que el negocio jurídico se regirá por lo dispuesto en las normas especiales del sector financiero y no por la Ley 80 de 1993.

 

¿Cómo afecta el régimen exceptuado de contratación pública la capacidad de los consorcios y uniones temporales?

 

Para responder la pregunta, es necesario remitirnos al criterio de unificación sobre la capacidad de Uniones Temporales y Consorcios para comparecer al proceso expresado por la Sección Tercera del Consejo de Estado. Esta postura jurisprudencial que permite a los consorciados comparecer al proceso por medio del representante legal de la ficción jurídica se basa en cuatro argumentos, resultado de la interpretación de la redacción de los Artículos 6° y 7° de la Ley 80 de 1993: (a) “la capacidad jurídica reconocida a los consorcios y a las uniones temporales (…) proyecta sus efectos en el ámbito procesal; (b) los consorcios y uniones temporales son titulares de la acción contractual pues gozan de la capacidad jurídica para celebrar el contrato estatal; (c) interpretación razonable de la locución “para todos los efectos” del Artículo 7°; y (d) la aplicación del principio de efecto útil sobre las mencionadas disposiciones normativas. 

 

Con base en lo anterior, el razonamiento expresado por el juez contencioso en la Sentencia del 23 de octubre de 2020 se orienta a afirmar que en las relaciones contractuales regidas por el Régimen Exceptuado de Contratación son ajenas las disposiciones del Régimen de Contratación Pública definido en la Ley 80 de 1993, incluidos los Artículos 6° y 7° sobre los cuales se erige el criterio de unificación sobre la capacidad de Uniones Temporales y Consorcios para comparecer al proceso.

 

Así las cosas, continuando con el planteamiento del juez colegiado, si el Régimen Exceptuado da lugar a que la relación contractual se rija por las leyes civiles, comerciales y financieras, es apenas lógico que la valoración de la capacidad para ser parte en el proceso debe sujetarse también a las normas comunes, campo normativo que –a diferencia de la Ley 80– no contempla disposición alguna que dote de capacidad para comparecer a las figuras de asociación y/o colaboración empresarial.

 

En consecuencia a lo anterior, no es posible extender la aplicación de dicho criterio a los litigios y controversias que se susciten con ocasión a la suscripción los contratos estatales las relaciones contractuales regidas por el Régimen Exceptuado de Contratación.

 

Referencias

I Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 25 de marzo de 2010. Exp. 36.489. C.P. Myriam Guerrero de Escobar

ii Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 16 de mayo de 2019. Exp. 43.306. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

iii Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de octubre de 2020. Exp. 41.277. C.P. José Roberto Sáchica Méndez 

iv Ibidem.

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