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¿A quién corresponde el pago de los honorarios de los peritos que elaboran el dictamen pericial?

OCH Blog A quién corresponde el pago de los honorarios de los peritos que elaboran el dictamen pericial

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Para establecer el pago de los honorarios del perito debe diferenciarse si fue elaborado el dictamen de manera pretérita o concomitante con el proceso o si ha sido decretado de oficio por el juzgador durante el proceso.

Para identificar a quién corresponde el pago de los honorarios del perito, es necesario diferenciar si la pericia ha sido realizada dentro del trámite del proceso o previo al mismo; es decir, si fue elaborado el dictamen de manera pretérita o concomitante con el proceso o si ha sido decretado de oficio por el juzgador durante el proceso. 

 

Dictamen pericial durante el proceso.

El pago de los honorarios de los peritos corresponde a quién solicite la prueba pericial, sin perjuicio de que sean considerados una costa o expensa del proceso, que finalmente cubrirá o reembolsará la parte vencida, el Código General del proceso, artículos 157 y 364, numeral 2, manifiesta: 

 

Art. 157: “Remuneración de auxiliares de la justicia. El juez fijará los honorarios de los auxiliares de la justicia conforme a las reglas generales, los que serán pagados por la parte contraria si fuere condenada en costas, una vez ejecutoriada la providencia que las imponga”.

 

Art. 364 “Pago de expensas y honorarios.

 

(…) 2. Los honorarios de los peritos serán de cargo de la parte que solicitó la prueba”.

 

Las citadas normas deben leerse en consonancia con los artículos 365 y 366, numeral 3, inciso 2, del mismo Estatuto Procesal; ya que si bien es cierto, la parte que solicitó el dictamen pericial para sustentar sus pretensiones o excepciones debe pagar al perito los honorarios respectivos, los mismos se reconocerán como costas del proceso, cumpliendo además los requisitos de la pericia, con un requisito especial que consiste en la “comprobación del pago” hecho por la parte y su inclusión en la liquidación de las costas, veamos: 

 

Art. 365: “Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:

 

(…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (Subrayado fuera de texto).

 

Art. 366 numeral 2, inciso 2: “Los honorarios de los peritos contratados directamente por las partes serán incluidos en la liquidación de costas, siempre que aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables. Si su valor excede los parámetros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y por las entidades especializadas, el juez los regulará”. (Subrayado fuera de texto).

 

En lo referente al procedimiento administrativo, la Ley 1437 de 2011 ha expuesto algo similar al Estatuto Procesal General, si los medios de prueba han sido solicitados por una de las partes o incluso aportados en la oportunidad procesal: 

 

Artículo 40, inciso 2: “(…) Los gastos que ocasione la práctica de pruebas correrán por cuenta de quien las pidió. Si son varios los interesados, los gastos se distribuirán en cuotas iguales (…)”.

 

Artículo 219, inciso 1: “Presentación de dictámenes por las partes. Las partes, en la oportunidad establecida en este Código, podrán aportar dictámenes emitidos por instituciones o profesionales especializados e idóneos”.

 

En resumen, los honorarios del dictamen pericial pedido por una de las partes durante el proceso, en principio serán pagados por está; no obstante, el juez de conformidad con la ley y como agente regulador, podrá reconocerlos a la parte que triunfa en sus pretensiones o excepciones si están debidamente soportados. 

 

Honorarios de los peritos, cuando el dictamen pericial ha sido decretado de oficio. 

El Código General del Proceso, ha regulado el dictamen decretado de oficio, herramienta valiosa para que el juez o árbitro se forme una idea clara y por demás obtenga cálculos o conclusiones precisas que le permitan tomar una decisión ajustada a derecho.

 

Sobre el dictamen decretado de oficio, la Ley 1564 de 2012, dispuso:

Dictamen decretado de oficio: Cuando el juez lo decrete de oficio, determinará el cuestionario que el perito debe absolver, fijará término para que rinda el dictamen y le señalará provisionalmente los honorarios y gastos que deberán ser consignados a órdenes del juzgado dentro de los tres (3) días siguientes. Si no se hiciere la consignación, el juez podrá ordenar al perito que rinda el dictamen si lo estima indispensable…” (Código General del Proceso, artículo 230).

 

De lo establecido en este artículo habría que hacer las siguientes consideraciones:

 

i) El juez determinará el cuestionario que deba resolver el perito. 

 

Como se evidencia en la literalidad de esta norma, se le impone al juez una obligación, que consiste en que si considera pertinente decretar un dictamen pericial de oficio, él mismo deberá elaborar las preguntas que debe resolver el auxiliar de la justicia, de acuerdo con la ciencia, profesión, arte u oficio, para lo cual deberá tener en cuenta el artículo 229, numeral 2 del  Código General del Proceso, en donde se indica:

 

Cuando el juez decrete la prueba de oficio o a petición de amparado por pobre, para designar el perito deberá acudir, preferiblemente, a instituciones especializadas públicas o privadas de reconocida trayectoria e idoneidad”.

 

ii) El juez “fijará el término para que rinda el dictamen”.

 

Se deja a discrecionalidad del juzgador establecer un término prudente para que el perito pueda presentar el informe pericial, por él decretado.

 

iii) El juez “señalará honorarios y gastos provisionales”. 

 

En este evento la ley considera pertinente que el juez solo estime los honorarios y gastos provisionales y no los definitivos que se le deben pagar al perito, el fin que persigue, es que éste cuente con los recursos necesarios para realizar el dictamen.

 

Los honorarios provisionales tienen sentido dado que por disposición del artículo 170, inciso 2 del Código General del Proceso, que reza:  Artículo 170. “Decreto y práctica de prueba de oficio. El juez deberá decretar pruebas de oficio, en las oportunidades probatorias del proceso y de los incidentes y antes de fallar, cuando sean necesarias para esclarecer los hechos aún los medios de prueba decretados de oficio, estarán sujetos a la contradicción de las partes”; para el caso del dictamen pericial, cualquiera de las partes podrá solicitar adiciones o complementaciones a este medio de prueba, con lo cual se pueden llegar a causar nuevos rubros que se deban pagar al perito, y es por ello que no se fijan los honorarios y gastos definitivos. 

 

Las partes deberán consignar los honorarios provisionales por partes iguales. No consignados los honorarios, no habrá dictamen, a menos que el juez estime que el informe pericial es “indispensable” para el proceso, caso en el cual podrá ordenar al perito su realización sin la consignación de los honorarios.  

 

iv) A quién corresponde el pago de los honorarios del dictamen decretado de oficio.

 

El Código General del Proceso indica sus artículos 364 y 169, inciso 2, lo siguiente: 

 

Artículo 364. Pago de expensas y honorarios. El pago de expensas y honorarios se sujetará a las reglas siguientes:

 

  1. Cada parte deberá pagar los gastos y honorarios que se causen en la práctica de las diligencias y pruebas que solicite, y contribuir a prorrata al pago de los que sean comunes. Los de las pruebas que se decreten de oficio se rigen por lo dispuesto en el artículo 169. (…)” (Subrayado fuera de texto).

 

Artículo 169. Prueba de oficio y a petición de parte. Las providencias que decreten pruebas de oficio no admiten recurso. Los gastos que implique su práctica serán de cargo de las partes, por igual, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre costas” (Subrayado fuera de texto).

 

De estas normas se desprende que el dictamen pericial que se decrete de oficio, tanto los honorarios como los gastos que se causen en la elaboración del mismo, serán a cargo de quienes se encuentran en contienda, no de la judicatura, juzgado o del Tribunal.

 

En cuanto al procedimiento administrativo, la Ley 1437 de 2011 regula el evento sobre quién debe pagar los honorarios a los peritos cuando la prueba sea decretada de oficio: 

 

“Los honorarios de los peritos se señalarán de acuerdo con la tarifa oficial y cuando el dictamen se decrete de oficio se determinará lo que de ellos deba pagar cada parte. En el caso de que se trate de asunto de especial complejidad, la autoridad judicial podrá señalarles los honorarios a los peritos sin sujeción a la tarifa oficial.” (Ley 1437 de 2011, artículo 221, inciso 2).

 

La norma ordena a la autoridad judicial fijar los honorarios de los peritos, los cuales se deberán ajustar a la tarifa oficial, pero se hace la salvedad en la misma norma, consistente en que si el asunto objeto de peritaje fue de “especial complejidad”, no se estará supeditado u obstaculizado por la misma, y el juez acudiendo a la experiencia y conforme al trabajo registrado, decretará los honorarios que constituya una remuneración justa, teniendo en cuenta además, las calidades y el prestigio del perito. 

 

Fuente: “Tratado de los Dictámenes Periciales, Instituciones jurídicas, Económicas, Financieras, Contables y Tributarias. Aplicable al procedimiento Administrativo, Penal, Arbitral y general”, César Mauricio Ochoa Pérez. (Libro Naranja)

Tratado de los Dictámenes Periciales

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